MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió hoy en que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar con los jueces para mejorar sus condiciones de trabajo y la administración de Justicia, pero advirtió de que "para dialogar hace falta voluntad de las dos partes", por lo que la convocatoria de huelga realizada por las juntas de varias grandes ciudades "no parece lo más razonable".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta no quiso adelantar qué propuestas presentará el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cuando se reúna con representantes de las asociaciones judiciales el próximo lunes. "Tenemos propuestas y estamos dispuestos a escuchar las propuestas", se limitó a decir, y se mostró convencida de que "seguramente" habrá "muchos elementos" en los que las dos partes estarán de acuerdo.
Además, afirmó que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar las razones de los jueces para oponerse a que se les quite la facultad de señalamiento, ya que en la propuesta de reforma de la Oficina Judicial que el Gobierno ha enviado al Parlamento la competencia de poner fecha a los juicios recae en los secretarios judiciales. "No podemos adelantar ninguna posición en relación con los temas de los que se va a hablar el lunes, nuestra disposición al diálogo es clara", recalcó.
Por el momento, dijo, la tesis del Gobierno es la que se plasma en esos proyectos de ley, con los que pretende "descargar a los jueces del trabajo de la oficina" para que se dediquen con más atención a la tarea jurisdiccional. No obstante, añadió que este asunto "se va a hablar" y que, dado que está en el Parlamento, será necesario también dialogarlo con el resto de fuerzas políticas. "Vamos a oír todos los argumentos", aseguró.
En todo caso, aseguró no querer transmitir una "imagen de enfrentamiento" entre poderes del Estado porque sería "hacer un flaco favor a los ciudadanos". De hecho, aseguró que el Gobierno no usará esa estrategia y, por lo que a ella le consta, los jueces tampoco. "Todos los poderes del Estado estamos en el mismo barco", subrayó, "servir a los ciudadanos de la mejor manera posible y desde la responsabilidad que establece la división de poderes".
RELACION CON EL CASO TIRADO
La vicepresidenta coincidió con el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer vinculó la amenaza de huelga de los jueces con la polémica surgida en torno a la sanción que se impuso al juez Rafael Tirado. "No sé si es causa o efecto directo, pero lo que sí que es cierto es que se produce a partir de", argumentó hoy De la Vega.
El Gobierno y los jueces se han enfrentado en las últimas semanas por la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de multar con 1.500 euros al juez Rafael Tirado, responsable del juzgado sevillano que no ejecutó la pena de prisión por pederastia que pesaba desde 2002 sobre Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz a principios de 2008.
La 'número dos' del Gobierno insistió en que el Ejecutivo tiene "toda la disposición" al diálogo con los jueces y que ya en la pasada legislatura demostró su "compromiso" con la mejora de la administración de justicia, dedicando más recursos y convocando más plazas de jueces y fiscales y que prosigue sus esfuerzos para modernizar la justicia.