Un juez de Barcelona mantiene imputados a tres ex presidentes de FGC por contratar un plan de pensiones irregular

Actualizado 16/10/2007 20:34:51 CET

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de Instrucción número 22 de Barcelona ha acordado mantener imputados a tres ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) de la época de CiU por la contratación presuntamente irregular de un plan de pensiones que fue pagado con fondos de la empresa pública y por el que 15 directivos cobraron 2,5 millones de euros.

En su auto, que avanzó hoy 'El País' y al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor mantiene imputados a Albert Vilalta, Enric Roig y a Antonio Herce, presidentes de FGC entre 1991 y 2000, y también a Josep Verdaguer, abogado asesor de la empresa pública cuando ocurrieron los hechos.

Ahora, la Fiscalía y las acusaciones personadas tienen diez días para formular escrito de acusación solicitando que los imputados vayan a juicio, si lo consideran oportuno. No será así para otros 12 ex directivos de FGC, para quienes el instructor ha archivado la causa.

La investigación judicial de las presuntas irregularidades en el cobro de planes de pensiones se deriva de la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó contra 16 ex directivos de la empresa pública por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

Según relata el auto, del citado plan de pensiones --previsto en la partida de gastos sociales y finalmente denominado 'Premio a la Dedicación y Permanencia'-- se benefició "un grupo importante" de directivos, y supuso un gasto de 2,5 millones de euros para FGC, una entidad "deficitaria" y que "recibe fondos públicos".

En este sentido, la defensa de los imputados alegó que el plan de pensiones pretendía buscar la "cohesión" del equipo directivo, necesario para la política de empresa, y que, por su titulación, es un bien escaso y fácilmente atraíble por otras empresas.

Sin embargo, el juez cree que el comportamiento de los tres ex presidentes --que decidieron el plan, su mantenimiento y su liquidación-- "pudo no haberse orientado en beneficio del interés social del servicio público".

El instructor, por otra parte, ha decidido archivar la causa para los otros 12 ex directivos que se beneficiaron del plan de pensiones, ya que "no consta ningún diseño conjunto, simplemente aceptaron lo que se les ofrecía".

"No sabían, ni tenían por qué saber, porque no era de su incumbencia, si lo que se les ofrecía era o no en interés de la entidad", señala el auto, que añade que "no puede concluirse que, a sabiendas y con ánimo de lucro ilícito, se aprovecharan de una suma dineraria".

El plan de pensiones investigado se ideó a finales de 1990 y principios de 1991 y se prolongó hasta 2000, año en que fue disuelto. La investigación de la Fiscalía comenzó en 2003, cuando el tripartito entró en el Govern y el entonces diputado de ICV Joan Boada llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción.