MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) - Las declaraciones tendrán lugar entre el 13 y el 16 de marzo, a partir de las 09.00. Los primeros en comparecer, el día 13 de marzo, serán Restoy y Segura, a los que seguirán Comín y González al día siguiente. El 15 de marzo será el turno de Herrera García-Canturri y Martínez Tello, mientras que Aríztegui Yáñez y Fernández Ordóñez cerrarán el turno de declaraciones el día 16. Los magistrados de la Sala Antonio Díaz Delgado, Clara Eugenia Bayarri y Ana María Rubio piden la imputación de estos responsables del Banco de España y de la CNMV al admitir parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez Andreu que rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a bolsa de la entidad financiera. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal analizó la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa del inspector del BdE José Antonio Casaus y califica de "razonable" y "razonada" la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados". La acusación popular ha venido insistiendo en varias ocasiones en la imputación de la antigua cúpula el Banco de España por la salida a bolsa de la entidad nacionalizada, si bien el instructor siempre se ha negado a citarles. En el auto de este lunes, los magistrados consideran procedente la declaración de los responsables de ambas entidades en el momento de la constitución de BFA-Bankia y su posterior salida a bolsa porque ellos la autorizaron "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del BdE de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)". No obstante, los jueces creen que la fase actual de la instrucción, tal y como sostienen los recurrentes, no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídicas de los hechos (posible estafa de inversores del artículo 182 bis del Código Penal), como ha realizado el instructor, sino que no procede verificarse hasta finalizada la investigación. La Sala rechaza otras peticiones de la CIC, como la solicitud de que se oficie al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre José Antonio Casaus y Pedro Comín, por tratarse de una diligencia "manifiestamente excesiva". El último rechazo de Andreu a la citación de todos estos responsables la acordó el pasado 28 de noviembre, si bien la Sala da por buena la tesis de los recurrentes sobre el hecho de que la jefatura del Banco de España, con carácter previo a la salida a Bolsa de BFA-Bankia, "tuvo noticias directas y fehacientes de la inviabilidad del grupo y de la inidoneidad de su salida a bolsa en la modalidad de doble banco consta indiciariamente acreditado en las diligencias" a través de la testifical del jefe e la inspección del Banco de España", José Antonio Casaus el pasado 5 de septiembre, que el tribunal califica de "contundente". En dicha testifical, se dio cuenta de que la conclusión de los inspectores "había sido reiterada y puntualmente transmitida a la dirección del banco hasta en cuatro ocasiones, mediante otros tantos correos electrónicos, en abril y mayo de de 2011 --documentos que corroboran su versión según constata la Sala--. Los correos fueron entregados a Andreu el 11 de octubre del pasado año, por lo que no pudieron ser ponderados por el juez en la resolución por la que, el pasado 1 de julio denegó por primera vez la solicitud del CIC de llamar a declarar a los máximos responsables del Banco de España y la CNMV por la operación bursátil. La Sala afirma que "ante la existencia de nuevos indicios de criminalidad contra determinadas personas, las anteriores resoluciones denegatorias han de ser revisadas". Da por hecho que Casaus trasladó las conclusiones del equipo de investigación al entonces jefe del grupo, Pedro Comín.
