MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó este miércoles a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo --que debe decidir sobre el sobreseimiento de la causa que pesa en su contra por la investigación de los crímenes del franquismo-- que ordene al juez instructor, Luciano Varela, la práctica de nuevas diligencias de prueba en su defensa, entre ellas, la toma de declaración de destacados magistrados y juristas internacionales.
El abogado del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Gonzalo Martínez-Fresneda, alega que el objetivo de estas testificales es demostrar la "existencia de un debate acerca de la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, la vigencia de las leyes de amnistía y el alcance de la prescripción en los casos de desaparición de personas". Demostrar que este "profundo debate" es real, afirma, "desmontaría la imputación de una prevaricación".
El escrito insiste en que el objetivo de Garzón no es "plantear una pericia jurídica ni abrir un debate en Derecho, sino apenas mostrar que este debate existe" y que la decisión del magistrado de incoar una causa por los crímenes cometidos durante el franquismo "no es ni una temeridad ni una decisión indefendible".
En concreto, pide que sea llamada a declarar como testigo la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU y fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
También se solicita que declare el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, así como el que fuera juez de instrucción en Santiago de Chile cuando se abrieron varias causas contra la dictadura de Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres, Juan Guzmán Tapia.
Completan esta lista el coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, Hugo Relva; el catedrádito de Derecho Penal de la Universidad de Girona Hernán Hormázabal Malarée; el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, y el presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones referidas a la inaplicabilidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Eduardo Freiler.
MAGISTRADOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Además, el abogado de Garzón pide también la declaración testifical de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas. Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.
Igualmente, se solicita que testifiquen Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y de los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.
Además, el escrito solicita una serie de pruebas documentales, también destinadas a demostrar su tesis de que la actitud de Garzón de abrir diligencias para investigar la denuncia efectuada por las Asociaciones de Memoria Histórica "no puede ser tenida por absolutamente irrazonable".
En concreto, se insta a que se aporten a la causa las cuestiones de competencia presentadas por al menos dos juzgados de instrucción, que rechazaron la inhibición planteada por la Audiencia Nacional y que en estos momentos se están tramitando en el Tribunal Supremo.
También interesa que se unan certificaciones de todas las causas penales que se hayan dirigido contra antiguos miembros de las S.S. o del Ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, o contra responsables del Ejército, Policía o miembros de la Administración de Argentina, Chile o terceros países que tuvieran por título de imputación las desapariciones forzadas de personas, asesinatos o torturas.
El objetivo es, explica el escrito, mostrar cuál es la "práctica 'usual'" de los tribunales españoles "a la hora de interpretar la prescripción de los delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la Humanidad".
DECLARACIONES EN EL CONGRESO DE DE LA VEGA
Además, solicita que se remita un oficio al Congreso de los Diputados para que se entregue testimonio del Diario de Sesiones de 14 de diciembre de 2006, para mostrar que "tampoco existe contradicción ni incompatibilidad entre la Ley de Memoria Histórica y el Código Penal para los autores de esa ley".
El abogado de Garzón se refiere a una intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la Cámara Baja con ocasión del debate de la Ley de Memoria Histórica, en la que "dejaba claro" que este texto y el Código Penal tienen cada uno "su campo de acción".
En el escrito recoge las palabras de De la Vega y, en concreto, cuando pidió que no se confunda el ámbito de esta ley --"que no es otro que el de la articulación de la solidaridad de las víctiimas y de los españoles hacia todas las personas que sufrieron violencia"-- y el del Código Penal, que es "una ley de justicia penal".
