El juicio de El Prat, visto para sentencia a la espera de si el juez acepta las pruebas videográficas

BARCELONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra los 27 trabajadores de Iberia que en 2006 colapsaron el Aeropuerto de El Prat por miedo a perder sus puestos de trabajo debido a la subrogación del 'handling' por parte de Aena quedó hoy visto para sentencia. El juez, Gerard Thomas Andrew, pospuso la petición de la defensa de refutar las pruebas videográficas por ilegales hasta el momento de dictar sentencia.

En la sesión de hoy la fiscal insistió en la legalidad de dichas pruebas hasta tres veces y fue reprendida por el juez que le explicó que no recordaba ningún precedente de retirada de palabra al Ministerio Fiscal. El juez subrayó que el debate sobre la legalidad de las pruebas videográficas "quedó cerrado en las cuestiones previas" y que la sala se "pronunciará en adelante".

En las conclusiones finales de hoy, la defensa del acusado y secretario de política institucional de la Federación de Transportes de UGT, Omar Minguillón, aseguró que la Guardia Civil "preparó en bloque y en asamblea" su respuesta y que el capitán ejerció de "director de orquesta".

Y es que, en fase de instrucción, "no se ponían de acuerdo" en la zona de ocupación y en el juicio todos coincidían en que los acusados estaban en las pistas.

El abogado hacía referencia a la declaración del capitán instructor del caso que, pese a que dijo que Minguillón se dirigió a los trabajadores en supuesta asamblea en la mañana del incidente, no puede asegurar si lo hizo para "alentar o calmar" a sus compañeros.

En aquella sesión, el capitán, que testificó durante casi cuatro horas, explicó que hacia las seis treinta de la mañana del 28 de julio los trabajadores empezaron a dejar de cumplir "progresivamente" con sus funciones colapsando las cintas de maletas. Tras ello, aparcaron varios vehículos en la zona de 'fingers' para impedir la entrada de los aviones.

Posteriormente un grupo de trabajadores se dirigió al módulo cuatro "junto con representantes sindicales". Sobre esa reunión, la Fiscalía presentó pruebas videográficas de las cámaras de seguridad del aeropuerto donde el capitán identificó a Omar Minguillón. Éste, subido a un carro y con un megáfono se dirigía a los trabajadores "gesticulando".

Omar Minguillón declaró, en la segunda sesión del juicio, que su acción fue la de mediar entre trabajadores y empresa, y que salió de oficinas cuando supo que algunos se dirigían hacia el edificio donde se encuentra Aena.

Según Minguillón, trataron de impedir que entraran en el edificio. "Entendimos que si entraban sería difícil una posible negociación", explicó. Su salida a las pistas fue para mostrar a sus compañeros la petición de Iberia del auto-handling y convencerles de que regresaran al módulo.

La versión de Minguillón fue ratificada por el director del aeropuerto , Fernando Echegaray, quien declaró que su intención era tratar de acabar con aquella situación. Según Echegaray, el acusado se dirigió a las pistas para "convencer" a los trabajadores de que "depusieran su actitud".

Pese a que la Fiscalía no niega que en las reuniones hubiera buena intención por parte del acusado, también aseguró que "sí que hubo asamblea", que Minguillón "alentaba" a los trabajadores en ella y que no hay duda del lugar donde fueron detenidos. Sobre la declaración de los 27 acusados expresó "la inconsistencia de sus versiones".

La defensa expuso que el delito de sedición tiene ciertos requisitos como el abandono de funciones en colectivo y en protesta. Requisitos que coinciden con lo que "se llama comúnmente huelga". Por eso entienden que lo que hicieron los 1.000 trabajadores fue una huelga y piden la absolución del delito de desorden público dentro del marco de la Ley penal y procesal de la navegación aérea.

La fiscalía solicita para los 27 implicados penas de entre cuatro años --para Omar M.G y José Luis G.P., ambos representantes sindicales-- y tres años de cárcel por delitos contra el tráfico aéreo y de desórdenes públicos, enmarcados dentro de la ley citada.