Juristas consideran que la desobediencia recaería en Mas, pero es más difícil acusar a funcionarios públicos

Actualizado 04/07/2015 20:14:34 CET

Fiscales reclaman claridad para actuar en el caso de celebración de la consulta soberanista

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juristas consultados por Europa Press consideran que si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sigue adelante con la celebración de la consulta soberanista una vez la convocatoria de la misma haya sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) el delito de desobediencia recaería directamente en él y no en los funcionarios encargados de poner en marcha el proceso.

Así lo han señalado diferentes juristas y fiscales consultados que ponen en duda la atribución de este tipo de responsabilidad penal a los funcionarios que pudieran verse concernidos por la consulta, tales como mossos, personal del censo, funcionarios de la Generalitat o responsables de centros de voto, como pudieran ser directores de centros educativos.

Los expertos coinciden en poner de manifiesto la ausencia de antecedentes sobre este asunto y en señalar que, en todo caso, no sería de recibo "trasladar hacia abajo", es decir, hacia el colectivo de funcionarios públicos posibles responsabilidades derivadas de una desobediencia a los dictados del Tribunal Constitucional.

CARÁCTER EJECUTIVO DEL TC

La desobediencia la comete quien no cumple un requerimiento concreto, que en este caso sería el firmante de la convocatoria, esto es, el presidente de la Generalitat. No obstante, en este punto ni siquiera existe coincidencia entre los juristas consultados sobre el carácter ejecutivo de las sentencias del tribunal de garantías.

Así, hay quienes señalan que la mera admisión a trámite por el TC de los recursos que podría presentar el Gobierno, que supondría una suspensión por al menos cinco meses de la norma autonómica, tiene carácter ejecutivo y su incumplimiento conllevaría un delito de desobediencia e incluso de sedición. Otros, sin embargo, ponen en duda el carácter ejecutivo del procedimiento y la existencia de delito si no se produce después un requerimiento formal del Gobierno en el mismo sentido.

En todo caso, todos coinciden en señalar que es previsible que, de cumplirse todas estas hipótesis -convocatoria de consulta y suspensión por el TC-, lo más probable es que el Gobierno tome medidas de carácter jurídico-político, como podrían ser órdenes concretas por parte de la Delegación del Gobierno, que vendrían a clarificar la situación de los funcionarios.

Por otra parte, fiscales consultados señalan que también sería conveniente que la Fiscalía diera instrucciones concretas para saber de qué manera actuar en el también hipotético caso de que se produjeran detenciones por desobediencia si se celebra la consulta.

"Si me traen por ejemplo a un ,osso detenido sería importante saber qué tengo que hacer, si imputarle una desobediencia leve, sedición o simplemente considerar que su actuación no tiene consecuencias penales", ha señalado a Europa Press uno de los miembros del Ministerio Público consultados.

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