MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia británico celebrará una nueva audiencia el martes 29 de marzo tras determinar este jueves que Juan Carlos I no goza de inmunidad en Reino Unido ante la demanda presentada por la que fuera su amiga íntima Corinna Larsen, según ha informado el departamento de prensa en una nota recogida por Europa Press.
Desde Londres han indicado que ese día el tribunal considerará cualquier argumento relativo a "las órdenes que se dictarán como consecuencia de la sentencia". El departamento no ha precisado más detalles sobre la vista.
Será la tercera audiencia que tiene lugar en el marco de este procedimiento. Las últimas dos se celebraron el pasado 6 y 7 de diciembre, cuando la defensa de Larsen y la de Juan Carlos I expusieron sus argumentos sobre si el rey emérito estaba o no amparado por la inviolabilidad.
En aquella ocasión, ni la empresaria germano-danesa ni el monarca acudieron a la cita, solo asistieron sus equipos jurídicos. La defensa del rey emérito alegó ante el juez que Juan Carlos I gozaba de inmunidad y que la justicia británica no era competente para atender la demanda. El letrado de Larsen, por su parte, defendió que el tribunal de Londres sí podía seguir adelante con el procedimiento.
Este jueves, el juez Matthew Nicklin ha resuelto el asunto y ha explicado que la figura de 'emérito' no es suficiente para obtener inmunidad y que "solo hay un Rey de España", en referencia a Felipe VI. Aunque no ha entrado en el fondo de la demanda, ha asegurado que al menos dos de los hechos que denuncia Larsen son posteriores a la abdicación y que, dado que Juan Carlos I no goza de inmunidad desde ese momento, se podría dirigir el procedimiento en su contra.
El magistrado ha indicado en su resolución que, ante tal acusación, el rey emérito podrá alegar lo que estime pertinente para su defensa, pero tendrá que usar otro argumento distinto al de la inmunidad.
Cabe recordar que en su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al monarca una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por su parte.
