SANTIAGO, 23 Nov. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme)
El Tribunal Supremo chileno decidió acoger un exhorto enviado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el marco de la investigación del asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, ex funcionario de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), según confirmaron hoy fuentes judiciales en Santiago.
Soria fue ejecutado por miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), órgano represivo de la dictadura de Augusto Pinochet, el 14 de julio de 1976. El crimen permanece sin culpables debido a la Ley de Amnistía dictada en 1978 durante el régimen de facto, que impidió esclarecer los crímenes cometidos a contar del 11 de septiembre de 1973.
El exhorto enviado a Chile por el magistrado español pide que Chile entregue antecedentes de 15 ex ministros de Estado y ex agentes represivos de la dictadura, a quienes Garzón busca procesar por "genocidio, terrorismo y torturas". Tras este fallo, la justicia chilena deberá informar a Garzón sobre la situación procesal de las personas requeridas.
El cadáver de Carmelo Soria, quien fue secuestrado y torturado antes de ser asesinado, fue abandonado dentro de su automóvil, el que fue arrojado en un canal de regadío al norte de Santiago, en un intento de la DINA por simular un accidente.
El pasado 8 de noviembre, en el marco de las ceremonias de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizó en Santiago, el presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, y su par chilena, Michelle Bachelet, concurrieron a la Cepal para descubrir una placa en memoria de Soria.
"A mi padre le fracturaron casi todas las costillas, tiene fracturadas manos, pies y finalmente lo matan jalando su cabeza, que la ponen entremedio de dos peldaños de una escalera y la jalan", ha dicho reiteradamente a la prensa la hija del diplomático, Carmen Soria.
En agosto de 2007, el Senado chileno autorizó el pago de poco menos de 1 millón 100 mil euros como indemnización del Estado a la familia de Carmelo Soria por el crimen.
La hija del diplomático dio una dura y extensa batalla porque el Estado chileno reconociera la condición de funcionario internacional de su padre y que el crimen lo habían cometido agentes del gobierno militar y sólo logró la indemnización tras denunciar a Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
