SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla juzga hoy al administrador judicial de una empresa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), nombrado por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Sevilla, que presuntamente mientras ejerció tal cargo se apoderó de 799.806,64 euros de la caja fuerte --hechos por los que también están imputadas cuatro personas más-- y para el que la Fiscalía de Sevilla solicita una pena de dos años y medio de prisión.
El juicio se suspendió el pasado 12 de abril debido a que no se personaron tres testigos, uno de los cuales es un Policía Nacional, por lo que se aplazó al 4 de octubre.
Según consta en el escrito de acusación provisional del fiscal los hechos sucedieron entre los días 2 y 3 de octubre de 2003 cuando el acusado F.J.R.G., se apoderó de una caja fuerte empotrada que contenía "799.806,64 euros, varios talonarios de cheques, pagarés y letras de cambio para negociar", además de diverso material informático y documentos mercantiles y personales.
Para el fiscal los hechos constituyen un presunto delito de apropiación indebida por el que reclama una condena de dos años y seis meses de prisión, además de una indemnización que iguala la cantidad supuestamente sustraída, más la que resulte de la valoración del resto de efectos. De igual modo, solicita el sobreseimiento de la causa para los cuatro imputados más en la causa.
Por su parte la acusación particular, ejercida por el propietario de la empresa, reclama una pena de ocho años de prisión y una multa de 24 meses a razón de diez euros al día por un supuesto delito de apropiación indebida. Además, reclama una indemnización de 879.806,64 euros.
El letrado de la acusación en su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, considera que el resto de imputados "ayudaron al administrador judicial a controlar la empresa y a intimidar a los trabajadores". Así, supuestamente el 3 de octubre de 2003 supuestamente "prohibieron la entrada a los trabajadores con la excusa de darles un día libre accediendo libremente a la empresa", tras lo que "cambiaron las cerraduras de acceso.
De este modo "pudieron apoderarse de una caja fuerte", que contenía la cantidad antes indica, "y de 80.000 euros", además de otros documentos y materiales. De esta forma, según la acusación particular, "como consecuencia de estos hechos ante la falta de liquidez la empresa empezó a debilitarse, estando en la actualidad con pérdidas".
Asimismo, añade que los acusados se dedican a la misma actividad que la víctima y que "al parecer de forma inexplicable han bajado precios por debajo de los de mercado, en una clara situación de competencia desleal".
