Juzgan mañana a uno de los secuestradores de Publio Cordón por el "impuesto revolucionario" del GRAPO

Publicado 19/11/2019 17:36:30CET
Sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova
Sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova - EUROPA PRESS - Archivo

Se trata de José Antonio Teijelo, para el que Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 12 años de cárcel

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga mañana al miembro del grupo terrorista GRAPO José Antonio Teijelo, uno de los secuestradores del empresario Publio Cordón, por llevar a cabo en 1998 un plan para amenazar a empresarios con el objetivo de que pagaran el denominado "impuesto revolucionario". La Fiscalía pide por estos hechos 12 años de prisión.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, Teijelo, alias 'PAPI', fue el coordinador de la campaña de extorsión a empresarios para que abonaran "cincuenta millones de pesetas", a "entregar en fecha, lugar y forma" en el momento que se indicara, con el fin de financiar las actividades criminales de los GRAPO. Dirigió dicho plan por su condición de encargado de la denominada Sección de Información del PCE (r) GRAPO, organización en la que militaba desde 1982 y por cuya pertenencia fue condenado en 2007 por la Justicia francesa, añade.

Para llevar a cabo dicha campaña, el acusado ordenó enviar una serie de cartas, todas iguales en las que se diferenciaban por el nombre del destinatario, en las que se exigía el abono de un "impuesto revolucionario", bajo amenazas de sufrir acciones armadas bien en las propiedades de los empresarios, bien en sus personas.

La misiva iba firmada por el "Comando Central de los GRAPO" --reproducida en el escrito de acusación-- y afirmaba que la cantidad reclamada serviría para "atender las necesidades económicas" del grupo terrorista. Asimismo, se indicaba que con ello se buscaba "restituir a los obreros y otros trabajadores una mínima parte de la plusvalía que la clase capitalista, de la que usted forma parte, se ha apropiado, imponiéndoles un régimen de terror y de trabajos forzados".

Por todo ello, el fiscal pide 12 años de prisión por un delito de amenazas terroristas, según el artículo 572.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos, cuya redacción original es de 1995, una condena que podría sumarse a los 27 años y medio de cárcel que el Tribunal Supremo impuso en sentencia firme el año pasado por el secuestro de Publio Cordón en el verano de 1995.

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