El plazo para presentar alegaciones al expediente informativo abierto por la UE a la ley española termina este domingo
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Financiación de RTVE, que actualmente estudia la Comisión Europea, es "menos justa" y vulnera más normas que la tasa impuesta a las operadoras de telecomunicaciones para financiar la televisión pública en Francia, por la que la Comisión Europea ha expedientado recientemente al país galo, según la profesora de Derecho de la Información y de las Telecomunicaciones en el CES Felipe II y en la Universidad Carlso III de Madrid, Estrella Gutiérrez.
Tras participar en el Primer Seminario Internacional para Estudiantes de Derecho Tributario organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Madrid, Gutiérrez explicó a Europa Press que la Ley de Financiación de RTVE, aprobada en julio de 2009, es una "copia" del modelo francés, pero "encima se ha copiado mal".
"Lo que se gravaba para los ingresos netos en publicidad --en la ley francesa--, el legislador español va más allá, y grava los ingresos brutos de explotación sobre las ganancias que perciba el operador", señaló Gutiérrez, que forma parte del grupo de investigación de la Universidad Complutense 'Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación'.
En este sentido, indicó que "dentro de la Constitución hay una serie de principios que todo impuesto o cualquier prestación patrimonial que imponga el Estado a los ciudadanos tiene que cumplir", y explicó que la nueva ley, que grava con tasas a los canales privados en abierto (un 3% de sus ingresos), a las de pago (1,5%) y a los operadores de telecomunicaciones (0,9%), incumple al menos el principio constitucional de igualdad y el de capacidad económica.
Sobre este último, la experta indicó que la nueva ley grava los impuestos brutos de las empresas, lo que es, a su juicio, una vulneración del principio de capacidad económica, ya que el Tribunal Constitucional ha determinado en distintas ocasiones que "solamente se puede gravar allí donde exista una riqueza real, una ganancia real y no se pueden gravar rentas potenciales o ficticias".
Sin embargo, la Ley "presume" que la supresión de la publicidad de RTVE va a crear un impacto positivo para los canales privados y las empresas de telecomunicaciones, lo que no es un hecho probado, señaló Gutiérrez, quien insistió en que frente a la ley francesa que grava los ingresos netos, al gravar la ley española los ingresos brutos, "la base sobre la cual se calcula el gravamen es muchísimo mayor".
Asimismo, la jurista indicó que la norma puede vulnerar el principio constitucional de igualdad, porque la tasa impuesta a las 'telecos' afectan "solamente a los operadores que tienen una cobertura nacional", lo que puede ser entendido como "una discriminación que el propio mercado no introduce".
"POCO TRANSPARENTE"
Por otro lado, Gutiérrez se quejó de que la ley es "poco transparente" y no "deja claras algunas cosas". En este sentido, explicó que la ley señala que el 10 por ciento sobrante de lo que se recaude con las nuevas tasas irá a un fondo de reserva, pero también señala que "si se sobrepasa esa cantidad del 10 por ciento, ese excedente irá a parar a los Presupuestos Generales del Estado", sin explicar para que se utilizarían esos fondos.
Sin embargo, la legislación europea establece que "los gravámenes sobre los ingresos de los operadores privados tienen que estar muy justificados y sobre todo solamente pueden ser utilizados para financiar a RTVE".
El plazo para presentar alegaciones al expediente informativo abierto por la Comisión Europea a la Ley de Financiación Española termina este domingo. La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), integrada por Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, anunció que presentar sus alegaciones sobre la tasa del 0,9 por ciento de los ingresos de las operadoras.
Por su parte, el Gobierno se ha manifestado en varias ocasiones convencido de que la UE fallará a favor de la financiación de RTVE y ha señalado que proceso informativo abierto por Bruselas es "habitual y ordinario" en la rutina de la institución para comprobar la congruencia de cualquier norma nacional con la legislación europea.
