Llamazares pedirá en el Congreso un calendario "a medio plazo" para desmantelar bases militares de utilización conjunta

EP

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pedirá la próxima semana en el Congreso de los Diputados que el Gobierno establezca, junto a las autoridades estadounidenses, un calendario de desmantelamiento de las bases militares en España de utilización conjunta.

La petición se enmarca en la moción del grupo parlamentario ERC-IU-ICV que el próximo martes defenderá Llamazares en el Pleno del Congreso para solicitar la renegociación del Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, con el objetivo de introducir modificaciones que garanticen un "mayor equilibrio de derechos y deberes", y exigir mayor información y control parlamentario en su aplicación.

En concreto, el Grupo Parlamentario ERC-IU-ICV insta al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a que denuncie el Convenio en los seis meses previos a febrero de 2012, ya que este año se ha optado por prorrogarlo, aunque, según ha explicado la ministra de Defensa, Carme Chacón, con la "introducción de mejoras". El acuerdo, que data de 1988, expiraba el próximo 12 de febrero.

Sin embargo, para los tres partidos de izquierda los cambios anunciados no son suficientes y, por ello, plantean la necesidad de acometer "cambios, mejoras y desarrollos del texto". Además, consideran necesario que el Gobierno presente un informe con carácter anual sobre este convenio y asegure "una comparecencia específica de información" sobre el mismo y su aplicación concreta en las bases militares e instalaciones españolas de utilización conjunta".

Por lo que a las modificaciones se refiere, según el texto al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo parlamentario quiere que se adapte el sistema de autorización de operaciones militares estadounidensess en bases españolas de utilización conjunta a lo que estipula la Ley española de Defensa Nacional, de modo que estas misiones deban atenerse al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU.

Además, tampoco se dan por satisfechos con los cambios anunciados por Chacón, según los cuales se reforzará la protección del espacio aéreo, prohibiendo el repostaje en vuelo y estableciendo que los permisos se soliciten "con más antelación" y con información sobre "las circunstancias, el tipo y la cantidad de carga e itinerario".

Así, solicitan que se establezca la obligación de comunicar con tiempo suficiente, incluidos los vuelos sujetos a autorización general, "no sólo las circunstancias del vuelo, su número, tipo, carga e itinerario, sino también el listado nominal de los miembros de la tripulación y del pasaje", para así "evitar secuestros y entregas en vulneración de los derechos humanos".

También quieren que se garantice que las bases y otras instalaciones españolas no se utilicen para facilitar violaciones de derechos humanos "como entregas extraordinarias, detenciones secretas o traslados ilegales", mediante la puesta en marcha de "medidas de transparencia y mecanismos de control efectivos sobre las actividades de aeronaves y personal estadounidense en territorio español".

Finalmente, en relación a la actividad de los servicios militares estadounidenses de inteligencia, solicitan que se suprima en la futura reforma del Convenio y, hasta entonces, piden que se garantice el control judicial de su actividad y el respeto de los derechos y libertades en España por parte de sus miembros, cuyas misiones "han de obtener autorización previa de un juez".

Para ello, habría que modificar o desarrollar el Protocolo de enmienda al convenio que se firmó en 2002, y que, además de suponer "una clara involución" en la relación entre los dos países, otorga "un cheque en blanco a los servicios estadounidenses de inteligencia para actuar como les plazca en territorio español".