El grupo, que englobaba a varias instituciones, se creó en 2021 tras las críticas al anteproyecto de ley por parte del Ministerio Fiscal
MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este lunes tras dar por finalizados los trabajos del grupo interinstitucional que ha revisado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que éste ha sido un espacio de "diálogo y consenso" que ha desarrollado un gran trabajo "intelectual y técnico". El grupo se creó en octubre de 2021 tras el informe del Consejo Fiscal que apuntaba a que la nueva LECrim no se ajustaba a las necesidades del Ministerio Público.
El Gobierno decidió impulsar este espacio para revisar el anteproyecto y llamó a participar en el mismo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio del Interior, el Consejo de la Abogacía, expertos universitarios y el Consejo General de Procuradores de España.
En el momento de su creación, fuentes de Justicia consultadas por Europa Press explicaron que dado que se trataba de una reforma de gran calado que afecta a un aspecto estructural de la investigación procesal, que es la fase de instrucción, en la que cobrará un nuevo protagonismo la figura del fiscal como impulsor de la misma en detrimento del juez de instrucción, era necesario conocer la opinión de los actores que participan en el proceso.
Esta reforma de la LECrim, impulsada por el exministro Juan Carlos Campo, crea además la figura del juez de garantías, que se encarga durante la instrucción de todo aquello que afecta a derechos fundamentales.
Hoy, tras asistir a la clausura, Llop ha destacado que la norma en la que se está trabajando está basada "en un nuevo modelo de procedimiento penal más moderno y transformador que pivota en la atribución de la fase de la investigación a la fiscalía".
EL CONSEJO FISCAL
La creación del grupo se produjo después de que se conociera que el Consejo Fiscal había aprobado en julio por unanimidad el informe del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y que no obstante pedía algunos ajustes en la norma, como limitar la intervención del juez de garantías. El consejo se reunió por tres días para debatir sobre este asunto en el Pazo de Mariñán, en la localidad de Bergondo (A Coruña).
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dijo entonces que el anteproyecto "cambia completamente el modelo procesal" vigente desde 1882, "que no era malo, pero había que actualizar". Antes, en el mes de junio, trascendió un borrador de informe sobre la LECrim elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y que firmaba Delgado, en el que se hacía una "valoración general desfavorable" del proyecto porque adolecía de importantes fallos por las "exorbitantes funciones" que seguiría concentrando el denominado juez de garantías.
Este lunes, en el perfil de Twitter de Justicia se podía escuchar a una de las participantes de esos trabajos, la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, Silvia Barona, quien ha destacado que se han discutido durante meses "asuntos esenciales como el cambio de paradigma del modelo procesal", y se ha llegado a acuerdos "altamente satisfactorios".
"Ha sido interesante porque hemos podido escuchar, dialogar y llegar a acuerdos, que era complicado, pero con las miradas plurales al final el resultado ha sido altamente satisfactorio", ha añadido.
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
En una nota informativa, el departamento de Llop ha destacado que los objetivos de la mesa de trabajo han sido "fomentar la transparencia y la participación de los representantes de las principales instituciones involucradas en la LECrim", así como analizar y enriquecer el texto del anteproyecto con las propuestas de todas las partes. Esas aportaciones, así como las obtenidas en la fase de información pública de la ley, y las realizadas por otros ministerios y órganos consultivos, serán ahora valoradas de cara a la redacción del texto que se elevará al Consejo de Estado
Indican asimismo que a lo largo de estas nueve jornadas los especialistas "han analizado los ejes nucleares del anteproyecto para impulsar una Justicia penal acorde con los sistemas jurídicos del entorno europeo, sin merma de garantías y con plena participación y consideración de las víctimas".
