MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, participará mañana en la XXVII Conferencia Europea de Ministros de Justicia del Consejo de Europa, que se celebrará en Armenia. En su intervención, López Aguilar abordará la profundización y ampliación de los derechos de las víctimas de violencia de género y de terrorismo.
El titular de Justicia incidirá en su discurso en la necesidad de tratar el problema desde una perspectiva multidisciplinar, que incluye el ámbito penal y la protección social y psicológica a las víctimas. López Aguilar también hará hincapié en que todos los Estados miembros del Consejo de Europa reserven a la víctima un papel efectivo y adecuado en su sistema de justicia penal.
Asimismo, explicará a los asistentes la experiencia española de la entrada en vigor de Ley Integral de Violencia de Género, aprobada por el Gobierno socialista a comienzos de la presente legislatura, en 2004.
López Aguilar trasladará, en este sentido, la necesidad de una legislación específica para un fenómeno tan complejo que, desde el punto de vista judicial, implica a múltiples ramas del derecho, desde el procesal, civil, penal y orgánico judicial, hasta las disposiciones relativas a la atención a las víctimas.
PERSPECTIVA PEDAGÓGICA.
El Ministerio de Justicia informó hoy de que el componente judicial de esta normativa es "muy efectiva", incluso desde "la perspectiva pedagógica, en la medida en que permite a los ciudadanos visualizar no sólo la dimensión del problema, sino también el férreo compromiso del Estado y los poderes públicos en la lucha contra la violencia de género".
También considera "prioritario" que, en el ámbito del derecho procesal, se logre "establecer procedimientos penales y civiles simplificados, que eviten la doble victimización de la mujer", así como incluir mecanismos en el desarrollo de los procesos para que sea un mismo juez el que conozca toda la realidad de la víctima, y desarrollar previsiones normativas en el ámbito laboral y civil.
Estas normativas irán destinadas a garantizar unos mínimos económicos o laborales para la mujer víctima de violencia de género, que impidan que su dependencia económica la coloque de nuevo en la órbita de influencia del agresor.