López (CGPJ) insta a Azkarraga a no entrar en guerras de cifras y a hablar todos para solucionar el tema de ejecutorias

BILBAO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, instó hoy al consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, a no entrar "en guerras de cifras" y en declaraciones con motivaciones "políticas" en torno a las cifras de sentencias pendientes de ejecución en Euskadi y emplazó a que "todos" se sienten en una mesa para dar una solución a este problema. Además, realizó un llamamiento a "trabajar para que "haya mejores leyes, penas más duras y una mayor coordinación" que eviten casos como el de Mari Luz.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, López afirmó que la situación de las ejecutorias, que ha sido hecha pública por el CGPJ a través de un informe, "llevaba advirtiéndose desde hace años".

Tras recordar que el Consejo ya elaboró otro documento similar en 2004, indicó que éste "ha tenido tanta repercusión mediática" por el caso de Mari Luz. Segun precisó, en el máximo órgano de Gobierno de los jueces tenían "muy claro" que este tipo de problemas "iban a ocurrir". "Le pedimos al Gobierno que tomara medidas, algunas se tomaron, otras no, y estamos ante esta situación", añadió.

Sobre las 7.500 sentencias pendientes de ejecutar en Euskadi, según el informe del Consejo, y que el consejero de Justicia cifró en 4.000, Enrique López dijo que él desconoce "cuál es la fuente de información" de Joseba Azkarraga, pero precisó que "la fuente de información del CGPJ es la única que existe, que es la estadística judicial".

"Todos los órganos judiciales a través de sus secretarios envían boletines trimestrales del estado de actuación de cada uno de los juzgados. Ese es el único dato cierto y no hay más. Lo mejor es asumir que tenemos un problema, no meternos en guerras de cifras, no deslegitimar, no cuestionar por el simple hecho de que políticamente pueda sacar algún tipo de rentabilidad y eso es lo que tenemos, tenemos ese problema y tenemos que solucionarlo cuanto antes", apuntó.

El representante del CGPJ dijo que el hecho de que haya 7.500 sentencias pendientes en la Comunidad Autónoma Vasca, no significa que no estén en proceso de ejecución, y dijo que "es el momento" de buscar soluciones, "no de empezar con guerras de cifras y de 'si mienten o no mienten'".

Enrique López señaló que ya están acostrumbrados a las expresiones de Joseba Azkarraga, que la pasada semana acusó al Consejo de ofrecer "cifras distorsionadas", fruto de su "poca dedicación" al funcionamiento de la Justicia.

Ante ello, López apostó por "no darle mayor importancia" y subrayó que lo que hay que hacer es "sentarse todos juntos y buscar una solución porque, en el fondo, detrás de una sentencia sin ejecutar, hay un ciudadano que, o bien se le está privando de un derecho y hay una víctima que, en su momento, también fue privada de otro derecho y eso es lo que tenemos que pensar".

IDENTIFICADOS LOS PROBLEMAS

El portavoz del máximo órgano de Gobierno de los jueces aseguró que tienen "absolutamente identificadas desde hace mucho tiempo" las causas del problema de la pendencia de las ejecutorias. "Lo que se ha producido en los Juzgados de ejecutorias especializados, que es donde más afecta este problema, como es el caso de Bilbao o San Sebastián, es que, como consecuencia de un enjuiciamiento muy rápido que se produce con la muy buena Ley de Juicios Rápidos, se da lugar a sentencias que hay que ejecutar", apuntó.

Aunque dijo que en estos juzgados de ejecutorias "tienen una especialidad y un número muy elevado de funcionarios porque tramitan muchos expedientes", precisó que "el modelo de gestión de esos juzgados, que debía ser la nueva oficina judicial aprobada en 2003" no se ha desarrollado tras cinco años esperando. "No se ha producido, como consecuencia de la falta de reforma de las Leyes Procesales", aseveró.

Asimismo, destacó que, "en este tipo de juzgados, no es el caso, concretamente, del País Vasco, pero sí de gran parte del resto de España, existen muchos funcionarios interinos que provocan que se produzcan una serie de problemas de gestión".

Además, precisó que tampoco "hay un modelo de gestión informática específico para estos juzgados". "Y de esto no tienen la culpa, ni mucho menos, las administraciones, como es el caso del País Vasco, es que sencillamente no hay un proceso de ejecución legal en materia penal y es difícil hacer un sistema informático. Pero aún así, hay que hacerlo porque son muchos los expedientes y hay que tenerlos controlados", destacó.

"COMO OFICINAS BANCARIAS DE LOS 80"

En este sentido, afirmó que las oficinas judiciales, "en estos momentos, son como aquellas oficinas bancarias de los años 70, donde había muchos empleados de banca, muchos expedientes por las mesas, mucho papel y mucha gestión en papel".

"Y queremos oficinas judiciales como son hoy las oficinas bancarias, donde hay menos trabajadores, hay mucha más gestión informática, hay mucho menos papel, se tramitan muchos más expedientes, pero de una manera más organizada y mucho más coordinada. Eso es lo que venimos reclamando en la Justicia desde hace mucho tiempo", apuntó.

A su juicio, habría que reformar las Leyes Procesales porque, durante la anterior legislatura, había un proyecto por el que había que modificar 21 leyes, "y eso se derrumbó como consecuencia de falta de acuerdo político".

Asimismo, apostó por "implementar la nueva Oficina Judicial, tal cual se estableció en el año 2003". "Tenemos un sistema de gestión decimonónico, del siglo XIX, una Ley de Enjuiciamiento Criminal y una ejecución del siglo XIX, para juzgados mucho más pequeños, con menos asuntos".

En tercer lugar, consideró "básico implementar, cuanto antes, el sistema informático específico para estos juzgados" y aumentar "la planta judicial allá donde haga falta". "En el País Vasco quizá esto sea menos necesario puesto que siempre ha sido una zona de España supradotada, en relación al resto", indicó.

Para Enrique López, "lo que hace falta ahora para reformar todo el modelo de Justicia en España, porque el ámbito penal es muy importante, pero no es más que una parte del problema", es consensuar "un Plan Rector de Modernización entre todos: Gobierno, comunidades autónomas, partidos en la oposición, CGPJ, abogados y procuradores".

Asimismo, consideró necesario que se inviertan recursos porque "en España sólo se gasta un 1 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado en Justicia".

También realizó un llamamiento para que no se busque "la solución en otros temas que tienen poco que ver con esto" y precisó que el CGPJ hay que renovarlo porque ya ha cumplido su plazo, "no por nada más". "La forma en la que se seleccionan los jueces en España es de las mejores del mundo. No equivoquemos el tiro porque, si no, estaremos totalmente condenados a seguir fracasando", subrayó.

MARI LUZ

En cuanto al expediente abierto al magistrado encargado del caso Mari Luz, Rafael Tirado, que está siendo investigado en el Consejo, "no porque él personalmente haya metido la pata, sino porque no ejerció una obligación de supervisión que la obsoleta Ley que tenemos en estos momentos, determina".

En su opinión, "si hubiera entrado en vigor la nueva Ley que regula la nueva Oficina Judicial", el juez estaría eximido de responsabilidad, al haber un reparto de las racional del trabajo.

"En todo caso, queremos diferenciar con claridad la responsabilidad en la que ha incurrido el juez, que la estamos depurando, y las fallas, los problemas del sistema. No se puede el Gobierno de turno parapetar detrás del juez y decir que esto fue sólo un error judicial y nada más", dijo. A su entender, esta es "la historia de un fracaso colectivo" y se ha detectado que el sistema "falla en esta materia".