Enrique López recalca que su partido lo denunciará usando "las armas democráticas" en el Parlamento y en la calle
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha afirmado este jueves que el Gobierno quiere con la reforma del Código Penal que revisará el delito de sedición "blanquear el suceso más grave, junto al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que se ha producido en democracia".
Así lo ha aseverado el también secretario de Justicia e Interior del PP al referirse a esa reforma penal que plantea el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez y que podría beneficiar a los líderes independentistas condenados por la sentencia del 'procés', dado que se aplicaría con carácter retroactivo.
"Su objetivo es rebajar la pena para aplicarlo de forma retroactiva a los condenados por uno de los sucesos más graves ocurridos en Democracia como fue el golpe de Estado en Cataluña hace dos años", ha subrayado.
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Por ello, ha considerado "absolutamente inadmisible en términos democráticos" la reforma que plantea el Ejecutivo de Sánchez, criticando "esa llamada a una cierta adecuación de temas penales con Europa" a la que ha aludido el Gobierno y que, a su juicio, manifiesta "un desconocimiento de cómo se regulan las acciones legales" en el ámbito comunitario.
"Tenemos que distinguir con claridad. No es lo mismo que un aeropuerto lo cierre un sindicato de controladores o que lo cierre el director del aeropuerto. Si de forma sediciosa lo cierra el director, es un hecho mucho más grave que si lo hace un sindicato en el ejercicio abusando de su libertad sindical", ha reseñado.
De este modo, ha insistido en que "la respuesta penal dada por el Tribunal Supremo es adecuada a un hecho gravísimo", apuntando que en Cataluña ha habido "una sedición y una malversación por parte y desde el Poder Público".
"Una estafa entre particulares es grave y realizada por una autoridad pública es corrupción. Es mucho más grave. No podemos engañar a la opinión pública", ha recalcado, indicando que lo denunciarán usando "las armas democráticas" en el Parlamento y en la calle.
