MÁLAGA 11 May. (EUROPA PRESS) -
Dos funcionarios de la Agencia Tributaria, que participaron en la investigación del caso 'Malaya', han declarado que el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, era a principios de los años 90 una persona que estaba "totalmente" en situación de crisis económica, argumentando que en 1989 aparecía en un registro de impagados y cobró el desempleo. Además, su sociedad Marbella Inversiones estaba "técnicamente quebrada".
Estos dos investigadores han comparecido en la sesión de este miércoles del juicio junto con un responsable del grupo de Blanqueo de la Udyco Costa del Sol, que ya comenzó a declarar este martes, después de que así lo decidiera el Tribunal, con el fin de que contestaran entre todos los testigos las preguntas sobre los informes de cuantificación del blanqueo de capitales elaborados para esta causa.
A preguntas del fiscal Anticorrupción, uno de los testigos-peritos ha indicado que en los años 89 y 90 existía "una crisis económica generalizada parecida a la actual", que siguió hasta 1994-1995, no sólo en España sino también a nivel mundial, con incremento del paro y caída del Producto Interior Bruto (PIB); y ha precisado que ese "fue uno de los motivos de ascenso del Grupo Independiente Liberal (GIL)", que hablaba "de sacar a Marbella del abandono".
Este investigador ha señalado que "en ningún caso", a la vista de los activos que tenía Marbella Inversiones y del patrimonio personal de Roca, se pueden justificar las inversiones que luego aparecen del entramado de sociedades vinculadas a él. Han indicado, a preguntas del Tribunal encargado del juicio, que hay un "incremento inusual" en su patrimonio.
En su análisis de las sociedades con las que inicialmente tenía relación Roca, los funcionarios han incidido en que Marbella Inversiones en los ejercicios del 94, 95 y 97 "nos aparecía como una sociedad de poca consistencia", apuntando uno de ellos que en esos años "los fondos propios eran negativos". Han indicado que en los años en los que Roca se conecta con el Ayuntamiento, el patrimonio inmobiliario a través de esta sociedad "era escasísimo".
Además, han señalado que no han encontrado documentación respecto del destino de la enajenación de participaciones de Marbella Inversiones y han insistido en que las fuentes de financiación de determinadas operaciones realizadas por una de las sociedades posteriores, Gracia y Noguera, "en ningún caso" proceden de bienes del presunto cerebro de la trama o de la sociedad Marbella Inversiones.
Los funcionarios han analizado los datos de la unidad familiar del principal acusado, a partir de 1997, concluyendo que "el señor Roca no hubiera tenido para satisfacer los gastos en los que había incurrido", con lo que existía "un desfase patrimonial". Han señalado que en 1987, el rendimiento neto del trabajo podría ser de 7.000 euros; en 1997 "tenía 44.000 euros de retribución líquida del trabajo" y en 2001, "llegó a 153.000 euros".
Además, dicen que "ni siquiera era dueño del inmueble en el que vivía". Han explicado que fue adquirido por dos sociedades gibraltareñas y Roca "disfrutó en régimen de alquiler" a partir de 1993, pagando, incluso, "de forma anticipada 13,2 millones de pesetas". Además, hasta que en 1992 es contratado por la sociedad municipal Planeamiento 2000 "está en situación de desempleo cobrando el subsidio", según han hecho constar.
Han situado en el año 90 la relación entre el gabinete jurídico y Roca, a través de una operación realizada por una sociedad de Jesús Gil, "apoderada por Marbella Inversiones" y han manifestado que una vez analizadas las operaciones del entramado "observamos que siempre aparece el Ayuntamiento de Marbella", apuntando que muchos bienes inmuebles que llegan al control de Roca o sus sociedades "proceden en su origen en el patrimonio del Ayuntamiento".
Han explicado que la enajenación de inmuebles es un elemento a tener en cuenta en el blanqueo de capitales. "Si ese inmueble se obtuvo de una forma transgresora debido a operaciones coetáneas, anteriores o posteriores, emanadas del Ayuntamiento y si después se cede o vende para que se edifique y se haga una promoción también plagada de actividad trasgresora de la norma, planeando siempre esa activa intencionada de ocultación tanto del negocio como del producto, lo establecemos como un elemento fundamental de riesgo", han dicho.
Los funcionarios de Hacienda han indicado que inicialmente para realizar estos estudios e informes contaron con bases de datos accesibles "sin tener que contar con nadie más", ante las "cautelas" dispuestas por el instructor. Así, ha explicado que incluso "nos autorestringimos" el acceso a las informaciones de la Agencia Tributaria "puesto que teníamos que obtenerlas a partir de otros compañeros".
Uno de los testigos-peritos ha destacado que tras explotar la operación sí utilizaron documentos obtenidos en los registros e información solicitada a las entidades bancarias. En este punto, el otro funcionario ha puntualizado que la base de datos "hace referencia a más de 1.500 cuentas bancarias, con un total de más de medio millón de apuntes", en el periodo 1990-2006.