MÁLAGA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado este martes que la participación del entonces teniente de alcalde marbellí Julián Muñoz en la operación inmobiliaria Crucero Banús fue "ir a firmar" el convenio y cuando lo llamaba el alcalde, porque "el señor alcalde no firmaba nada", en referencia a Jesús Gil.
A preguntas del letrado de Muñoz, ha precisado que cuando habla del alcalde se refiere "siempre" a Gil. "El alcalde es el alcalde y es el que decidía en el Ayuntamiento", ha señalado Roca, que ha continuado su declaración en el juicio del caso 'Malaya' sobre la operación, en la que participó junto a ex edil Pedro Román, al ex comisario Florencio San Agapito y el letrado Juan Hoffman.
Ha insistido en que no tuvo "ningún tipo" de participación en la concesión de la licencia, aunque sí tuvo conocimiento del otorgamiento, ni en su posterior suspensión. Además, ha reiterado que a Román "por instrucción del alcalde --Gil-- se le exigió mucho más de lo previsto porque quería que no se viera un trato de favor".
"Fue imposición del alcalde que hubiera un mayor exceso de aprovechamiento a ceder al Ayuntamiento, más del doble exigido por ley", ha señalado el ex asesor de Urbanismo, que ha negado que fuera gerente de esta área. Además, ha explicado que "quien tripulaba, dirigía y hacía la gestión de la sociedad --con la que se desarrolló la operación-- era Román".
En este sentido, ha apuntado que se le dijo que el empresario José Ávila Rojas era el comprador "cuando la operación ya estaba preparada para escriturar, me lo comentó Román para decirme que finalmente nos quedaríamos con un 10 por ciento", y, aunque ha asegurado que en ese momento no había hecho negocios con este empresario, sí ha señalado que lo conocía de haber acudido a Urbanismo.
Según el fiscal, Román "se concertó" con Hoffman, San Agapito y Roca, para adquirir una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad" para revenderla "garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".
El precio de la operación fue de 4,3 millones de euros y el perjuicio para las arcas municipales de casi cinco millones de euros, mientras que los acusados lograron, según la acusación, un beneficio de más de seis millones.
