MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha acordado mantener en situación de prisión provisional al director comercial de Cofely, Pedro García Pérez, imputado en el marco de la investigación sobre la trama de corrupción 'Púnica', al considerar que sus "importantes vínculos en el extranjero" podrían facilitar su "huida del territorio nacional".
En un auto hecho dictado este martes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechaza un recurso de apelación presentado por la defensa del directivo de Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez y empresa que presuntamente habría pagado comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos, y confirma su situación de prisión provisional, en la que se encuentra desde el pasado 30 de octubre.
Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel señalan que, a pesar de que el recurrente --casado, con dos hijas menores y una hipoteca-- se encuentra una situación de arraigo personal, su cargo en Cofely (jefe comercial del sector público) le sitúa en el seno de "una organización criminal capaz de facilitarle medios para evadir la acción judicial".
En relación con la supuesta "inexistencia de ocultar, alterar o destruir pruebas", alegada por la defensa, el tribunal apunta que este riesgo "continúa a día de hoy", pues las "sospechas" sobre corrupción "se extienden a otros ámbitos o sectores hasta ahora desconocidos que obligan, en las primeras fases de una investigación judicial, a restringir las posibilidades del imputado en orden a llevar a cabo cualquier tipo de entorpecimiento procesal o probatorio".
DETENCIÓN LEGAL
También avalan la legalidad de su detención al considerar que, aunque el plazo de puesta a disposición judicial superó las 72 horas establecidas por la ley, el arresto de García Pérez fue ordenado por la Guardia Civil y después ampliado por el propio juez, que únicamente ordenó la entrada y registro de sus domicilios.
"La práctica de los tribunales está abarrotada de supuestos, en los que tras la incoación de unas diligencias previas es la policía y no el juzgado quien decreta, per se, las detenciones que aquellos estimen pertinentes", señala la resolución judicial.
Según el juez Velasco, García Pérez es el principal "interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos de la que se sirve la empresa para lograr la adjudicación de contratos públicos millonarios en diversas administraciones públicas".
NUEVAS DECLARACIONES EN ENERO Y FEBRERO
El magistrado tiene previsto realizar otras diez declaraciones de imputados y testigos en enero, así como otras ocho en febrero, que se sumarán a las 23 que realizó en noviembre y a las 25 que estaban programadas para este mes de diciembre, informaron fuentes jurídicas.
En octubre, cuando estalló la operación, el magistrado decretó el ingreso en prisión provisional de siete personas y la libertad de otras ocho, al tiempo que dejó a trece en prisión eludible con fianza --que oscilaban entre los 25.000 y los 300.000 euros-- y a cuatro más en libertad con la obligación de pagar fianzas de hasta 40.000 euros. La causa, que continúa bajo secreto, acumula ya un total de 35 tomos de documentación.