Mari Luz.- JpD cree de "desproporcionada" la reforma del régimen disciplinario de los jueces anunciada por el Gobierno

Actualizado: viernes, 2 enero 2009 18:00

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Jueces para la Democracia (JpD) calificó hoy de "desproporcionada" la reforma del régimen disciplinario de los jueces anunciada por el Gobierno tras confirmarse la sanción de 1.500 euros impuesta al juez de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por su retraso en ejecutar una sentencia por abusos dictada contra Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.

Para la asociación progresista de jueces, la reacción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras la confirmarse esta multa "no puede por menos que calificarse de desafortunada e irresponsable, por desproporcionada e imprudente". Considera que el Ejecutivo está en su derecho de discrepar de la decisión de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "pero expresar su malestar de forma tan airada y transformar su discrepancia en una batería de iniciativas en varios frentes (recursos, endurecimiento del régimen disciplinario) es desproporcionado".

Según una nota difundida hoy por JpD, la reacción del Gobierno "obedece a una concepción subordinada y sucursalista del Poder judicial, y se enmarca en el contexto de las reiteradas injerencias en el órgano de gobierno de los jueces desde su misma constitución".

En opinión de esta asociación, cualquier reforma legal debe hacerse con prudencia y legislar al calor de un acontecimiento puntual "es un contrasentido, pues pugna con la naturaleza de la ley".

Añade que el régimen disciplinario de los jueces, en la medida que puede conllevar sanciones que impliquen la suspensión, el traslado forzoso o la separación definitiva de un juez, "está íntimamente relacionado con su inamovilidad, que a su vez es garantía de la independencia del Poder Judicial, pilar del Estado Constitucional".

Por ello, cualquier reforma legal en la materia, que exige además mayoría reforzada por ser materia propia de ley orgánica, "debe ser fruto de un estudio ponderado y sosegado del marco legal actual, así como de la evolución de su aplicación desde su entrada en vigor, analizando las conductas sancionadas para poder llegar a una conclusión lógica y razonada sobre la necesidad o no de la reforma".