MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska dejó hoy en libertad, tras tomarles declaración, a los empresarios navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, a quienes mantiene imputados por colaborar con la red de extorsión de ETA al considerar "en grado de seria probabilidad" que hicieron llegar al fundador de la organización Julen Madariaga, "con carácter voluntario", un total de 54.000 euros para favorecer el denominado "Proyecto de Paz". El pago se habría realizado presuntamente el pasado 29 de abril, según concreta el magistrado en su auto.
Los dos empresarios, detenidos el pasado viernes, prestaron declaración por espacio de media hora cada uno en el despacho del juez Grande-Marlaska, ante quien negaron haber pagado a ETA. Después de salir esposados y llevados a los calabozos, Azpiroz y Saralegui fueron conducidos de nuevo ante el magistrado para la celebración de la vistilla, en la que el fiscal Juan Antonio García Jabaloy no pidió para ellos ninguna medida cautelar.
El juez basa las imputaciones contra los empresarios en las manifestaciones ante la justicia francesa de Madariaga, detenido el pasado martes durante la operación hispano-francesa contra la red de extorsión de ETA, que se saldó con doce detenidos. Las declaraciones del fundador de ETA se confirman, según Grande-Marlaska, por la existencia de un recibo original del pago -que fue incautado en el domicilio de otro de los arrestados, José Antonio Cau-, y por "observaciones telefónicas" realizadas tras la entrega del dinero.
En el relato de hechos del auto, de tres páginas, Grande-Marlaska señala que los empresarios, propietarios de la constructora AZYSA S.L., fueron objeto de extorsión por parte de ETA, quien les identificó con un código alfanumérico, como hace habitualmente la banda terrorista para exigir el 'impuesto revolucionario'.
Añade que el pasado 29 de abril, a través de un abogado de su confianza cuya filiación se desconoce, los constructores hicieron llegar a Julen Madariaga 54.000 euros sin estar acreditado si era el total reclamado o el último plazo que hubieran convenido con ETA.
EL RECIBO NO LLEGÓ A LOS EMPRESARIOS
Según las manifestaciones en Francia de Madariaga, Azpiroz y Saralegui señalaron que, aún existiendo el alto el fuego permanente declarado por ETA a finales de abril, querían hacer constar "que el pago era de modo voluntario y con el fin de favorecer el proyecto de Paz". El recibo, fechado en el mes de junio, fue hallado en el domicilio de Cau, aunque según el juez "debía ser entregado finalmente, dentro de lógica cadena, a los imputados".
Grande-Marlaska subraya que las manifestaciones de Madariaga en Francia "quedan confirmadas por el contenido de concretas observaciones telefónicas" en los días posteriores al pago, "donde de forma suficientemente explicita refiere a otros imputados la entrega del dinero para hacerla llegar a ETA por los cauces 'ordinarios'".
Sobre el hecho de que los empresarios negaran el pago a ETA, Grande-Marlaska señala que esta postura "únicamente cabe entenderla como ejercicio legítimo del derecho de defensa y del derecho a no declararse ni confesarse culpable" que reconoce el artículo 24 de la Constitución.
Agrega que es "ajeno a la lógica", tal y como manifestaron los detenidos, que sólo hubieran recibido dos cartas de extorsión en 2001, ya que de las investigaciones se infiere que la actividad de extorsión de ETA no ha cesado. Añade que puede que Azpiroz y Saralegui llegaran a un acuerdo de aplazamiento de los pagos, aunque es 'habitual' que para exigir las remesas la organización terrorista envíe hasta cuatro misivas.
JUSTIFICACIÓN DE LAS DETENCIONES
El magistrado añade que no entra más en el fondo del asunto por permanecer esta causa secreta, y justifica la notificación del auto de libertad de los empresarios "con el fin de garantizar el derecho de defensa y concluir sobre la proporcionalidad de la privación de libertad a la que han sido sometidos en calidad de detenidos y hasta su puesta a disposición judicial en el día de hoy".
El juez afirma que los hechos podrían constituir un delito de colaboración con organización terrorista, que lleva aparejado una pena de al menos 5 años de cárcel y que la negativa de los imputados a reconocer el pago impide aplicar la atenuante de "miedo insuperable".
Por todo ello, Grande-Marlaska cree cabría imponer a los detenidos alguna medida cautelar, como comparecencias en el Juzgado o prohibición de abandonar el país. "Pero (...), no siendo en estricta técnica jurídica, legal el aplicar cualquier restricción de la libertad si no es solicitada, se acuerda la libertad provisional sin ninguna limitación, excepción hecha de la que comprende a cualquier imputado de comparecer cuando fuere llamado", explica el juez.
