Miembros de Sala de Gobierno del TSJPV defienden que los pisos oficiales de jueces son privilegios que deben desaparecer

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) Edmundo Rodríguez Achútegui y Ana García Orruño han presentado un voto particular a la decisión de mantener el emplazamiento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para revisar la suspensión de la cesión de pisos oficiales a varios altos cargos de la Judicatura y Fiscalía vasca, por considerar que el mantenimiento de las viviendas supone "un privilegio" que debe desaparecer.

Además, ambos magistrados, asociados a Jueces para la Democracia (JpD), defienden, en su escrito, que mantener el uso de los pisos oficiales supone "una posición insolidaria" con los ciudadanos que hacen "un considerable esfuerzo" para acceder a "una vivienda digna".

El voto particular, presentado por Rodríguez Achútegui y al que se adhirió García Orruño, fue registrado esta mañana en la Secretaría de Gobierno. En el voto, al que tuvo acceso Europa Press, se recuerda que el pasado 16 de febrero, el pleno de la sala de Gobierno rechazó la propuesta de Rodríguez Achútegui, de dejar sin efecto la petición de la Comisión permanente de la sala de instar al Ministerio a adoptar "las acciones judiciales pertinentes" para la revisión "administrativa o jurisdiccional" de la decisión adoptada por el Gobierno vasco de suspender la cesión de pisos a los máximos representantes de la Judicatura y la Fiscalía vasca.

La comisión permanente acordó adoptar esta iniciativa el 12 de enero de 2007 -ratificada por el Pleno en su reunión del viernes-, después de que la Abogacía del Estado a finales de diciembre, a petición del alto Tribunal, realizara un informe en el que consideró "proporcionada" la decisión del Ejecutivo autonómico.

Basándose en este informe, que no observaba "ninguna ilegalidad" en el acuerdo del Gobierno vasco del 26 de septiembre de 2006, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, miembro del Pleno de la Sala de Gobierno y asociado a Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, pidió que este órgano revisara la petición realizada por la comisión permanente con el fin de que "quedara sin efecto".

No obstante, su petición decayó al votar siete de los magistrados que conforman el pleno a favor de mantener la petición al Ministerio para que adopte "acciones judiciales" para la revisión del acuerdo del Gobierno vasco, mientras que sólo dos apoyaron que se anulara la decisión de la comisión permanente de la Sala de Gobierno.

VOTO PARTICULAR

Tanto Rodríguez Achútegui, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, como García Orruño, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao, han decidido dejar constancia de su desacuerdo con la decisión adoptada en pleno el pasado viernes en un voto particular en el que consideran que "no se aprecia en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 26 de septiembre de 2006 vicio de ilegalidad por razones sustantivas ni por razones formales" y estiman que la cuestión "atañe en exclusiva a los usuarios de tales viviendas".

Los dos magistrados dicen discrepar del acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de Gobierno, por considerar que el informe de la Abogacía del Estado, recabado por la Comisión Permanente el 10 de noviembre de 2006, "recoge, con toda claridad e indiscutible rigor jurídico, que no hay sombra de sospecha sobra la legalidad del acuerdo adoptado, ni asomo de desviación de poder".

"El Abogado del Estado dice, en resumen, que la autorización para utilizar viviendas por razón del cargo que ostentan tres magistrados con funciones de presidente y dos fiscales jefe en el Tribunal Superior de Justicia, es un acto normativo que puede ser revisado por el titular de esa competencia, que tras la transferencia es, con carácter exclusivo, la Comunidad Autónoma Vasca a través de su Consejo de Gobierno", agregan.

También indican que la Abogacía del Estado dejó claro que "no ha habido vicio en el procedimiento, que ha sido adoptado por el único órgano con competencia para ello, que no vulnera eventuales derechos adquiridos pues no afectará a las personas que en la actualidad los disfrutan y que no hay vicio de ilegalidad".

Para los firmantes del voto particular, tras el informe y la posterior decisión de la Comisión Permanente de 27 de enero de 2007 del Consejo General del Poder Judicial, que entendió que "no hay razón para intimar al Ministerio de Justicia", como solicita el acuerdo, "es inútil e innecesario mantenerlo en los términos que se ha hecho por la mayoría en el pleno de la Sala".

En su opinión, mantener la petición supone defender "un interés particular", en el que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, "que representa a los integrantes del Poder Judicial en la Comunidad, nada tiene que decir". "No entra en el ámbito de sus competencias, como resalta el informe del Abogado del Estado, la defensa de intereses particulares, por mucho que sean de integrantes de la Sala", aclara.

Recuerdan, asimismo, que "debido a la publicidad que se han dado a los acuerdos adoptados al respecto" se transmite a la sociedad la "injustificada sensación" de que los jueces "gozan, por razón de su cargo, de privilegios de alguna clase, privilegios que ni existen en general, ni debieran mantenerse en el futuro para los presidentes del TSJPV o Audiencias Provinciales".

"VISION SUPERADA"

El voto particular estima que la pretensión de mantener el uso de los pisos oficiales supone "la defensa de una visión, afortunadamente superada, de la Carrera Judicial", que, en un sistema democrático, "no puede ser titular de prebendas, privilegios, favores o regalos".

"Jueces y magistrados ni pueden ni deben disponer de beneficios o derechos distintos a los que trae consigo su condición profesional", añade.

Tras recordar que, además, en el caso del uso de viviendas, la Ley Orgánica del Poder Judicial u otras normas, "no atribuyen derecho alguno a los jueces que permita el disfrute por razón del cargo de vivienda, un bien de muy difícil acceso en la sociedad actual", agrega que, mantener el uso de "estas viviendas", supone "una posición insolidaria con la de cuantos ciudadanos tienen que realizar un esfuerzo considerable para acceder a la titularidad de una vivienda digna".