BILBAO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio del Interior y la Consejería dirigida por Javier Balza analizarán en septiembre la protección que, en la actualidad, se está ofreciendo a los cargos públicos y adecuarán las escoltas a la nueva situación creada tras el alto el fuego, si se constata la ausencia de violencia.
Según confirmaron a Europa Press fuentes de los afectados, ambos Departamentos tienen previsto estudiar "cómo evoluciona" el proceso inciado tras la declaración de ETA de cese de su actividad y, si se constata la consolidación del avance hacia la pacificación, se planteará adecuar las medidas de protección a la situación.
Las mismas fuentes precisaron que todo ello se hará tras la previa consulta a los escoltados, que serán lo que tengan la última palabra sobre esta cuestión. "La decisión final les corresponde a ellos", aseguraron.
Después de que el 22 de marzo ETA decretara el alto el fuego, el Ministerio y el Departamento vasco de Interior decidieron que, transcurrido medio año y tras verificarse la voluntad de la banda armada, abordarían conjuntamente el tema de escoltas.
UN MILLAR DE ESCOLTADOS
Según publica el diario El Correo en su edición de hoy, en la actualidad, en el País Vasco y en la comunidad foral hay alrededor de un millar de personas a las que se ha asignado algún tipo de protección.
En total, según estimaciones de las asociaciones del sector, más de un millar de agentes privados se encargan de este tipo de tareas, en la que también participan 500 miembros de la Ertzaintza y una cifra similar de guardias civiles y funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
El servicio cuesta al año 71 millones de euros a la consejería de Interior y otro tanto al ministerio. Esta cifra incluye, tanto los gastos de seguridad de las sedes como el alquiler de vehículos para los afectados.
Además, señala que el plan para ajustar los servicios de escoltas se pondrá en marcha tras la realización de un estudio pormenorizado de todos los servicios de protección que se prestan, en el que se determinará el grado real de amenaza en cada caso.
Además, apunta que la intención de los responsables de Interior es no dejar sin escolta a nadie que considere necesario seguir manteniendo su servicio de protección. No obstante, manifiesta que se podría dar el caso de que personas que cuentan ahora con más de un agente encargado de su custodia vean reducido el número de guardaespaldas.
