Carga contra los vocales conservadores por el retraso del CGPJ para nombrar a sus magistrados al Constitucional
MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha defendido la idoneidad de los dos candidatos del Gobierno al Tribunal Constitucional --el exministro Juan Carlos Campo y a la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez-- y se ha amparado en una sentencia del propio tribunal de garantías para nombrar a sus dos magistrados sin los dos que le corresponde designar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Consideramos que son dos perfiles absolutamente idóneos. Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio de la Administración desde distintos puestos", ha dicho en el rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se han aprobado ambos candidatos.
Bolaños ha asegurado que está "convencido" de que harán su labor "con rigor" y "con vocación de servicio público". Al hilo, ha reprochado que se ponga la imparcialidad de los magistrados que ha propuesto ahora el Gobierno y ha asegurado que tienen la misma idoneidad que los magistrados que van a sustituir y que fueron nombrados por el Ejecutivo anterior.
El ministro ha incidido en que Campo es una "persona acreditada" que "empezó su carrera hace 35 años" y que "ha servido a lo público desde distintos roles". Ha subrayado, además, que "es una persona dialogante" y "de consenso". "La decisión que hoy toma es una decisión absolutamente idónea", ha defendido.
Juan Carlos Campo fue el ministro de Justicia que aprobó los indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña y que posteriormente regresó a la Audiencia Nacional para integrarse en la Sala de lo Penal, donde ha tenido que abstenerse de las causas con políticos.
Laura Díez Bueso, por su parte, es una catedrática de la Universidad de Barcelona asesora del Govern catalán para la reforma del Estatut y ex alto cargo en el Ministerio de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
Si bien tiene un perfil académico, su carrera ha virado en los últimos años a la política y tanto es así que ha ocupado puestos de relevancia en el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, desde febrero de 2020 --cuando la nombró la exvicepresidenta Carmen Calvo-- y hasta este 2022, ha ostentado el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Bolaños ha precisado que el Ejecutivo remitirá el acuerdo al Tribunal Constitucional "para que verifique formalmente que cumplen con los requisitos de idoneidad que fija la ley". Aunque, a su juicio, Campo y Díez "cumplen sobradamente" dichos requisitos.
LA JURISPRUDENCIA DEL CONSTITUCIONAL
En el marco de su intervención, Bolaños ha hecho hincapié en una sentencia del propio Tribunal Constitucional que avala que el Gobierno nombre a sus dos candidatos sin tener que esperar por el CGPJ.
"Ya hay una sentencia del Constitucional, que es de 15 de noviembre de 2016, donde se dice que cuando un órgano que tenga obligación de nombrar magistrados del Constitucional no lo haga en tiempo y forma eso no puede retrasar a otro órgano, en este caso, el Gobierno", ha explicado.
Ahora que Moncloa ha optado por avanzar sin el CGPJ --que también tiene pendiente nombrar a los dos magistrados que le corresponde--, quien deberá despejar la incógnita es el Pleno del Constitucional, ya que es quien debe dar el 'placet' a los seleccionados.
En un principio, fuentes de la corte de garantías veían difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque --explicaban-- el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en marzo de 2021 que prohibía al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.
Las mismas fuentes, sin embargo, han subrayado ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.
Frente a esta tesis, otras fuentes consultadas por Europa Press sostienen que la Constitución no permite más interpretación que la de que la renovación se haga con el tercio completo (los 4 magistrados), porque lo contrario supondría 'de facto' hacerlo por sextos (2 magistrados).
Así las cosas, la llave del Pleno la tendrá la actual mayoría conservadora del TC, de 6 a 5, ya que la plaza del magistrado Alfredo Montoya --que debe cubrir el Senado-- sigue vacante. Cabe recordar que, si el Gobierno finalmente decide nombrar por su cuenta, y logra el visto bueno del Pleno, la mayoría del Tribunal Constitucional cambiará porque González-Trevijano y Narváez, en su día postulados por el Ejecutivo de Rajoy, serían sustituidos por los dos que enviara el Gabinete de Sánchez, configurando una mayoría progresista de 7 a 4, a falta de los dos del CGPJ.
ACUSA A OCHO VOCALES DE INCUMPLIR LA LEY
En el marco de la rueda de prensa, Bolaños ha cargado este martes contra los vocales conservadores por el retraso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a los dos magistrados que le corresponde designar para el Tribunal Constitucional (TC).
"No les oculto que hubiéramos deseado que estos nombramientos hubieran sido simultáneos a los dos del CGPJ. No me quiero referir al CGPJ en su totalidad, sino a los ocho vocales que no han cumplido la ley", ha señalado.
Asimismo, Bolaños ha asegurado que "en ningún caso el incumplimiento de la ley del CPGJ puede suponer el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno". Así las cosas, ha insistido en que "el Gobierno pide a todos los agentes políticos que cumplan la Constitución".
El ministro de Presidencia ha subrayado, además, que el Ejecutivo "tiene el derecho y tiene el deber" de hacer dichos nombramientos. "La situación de bloqueo que se está produciendo en el CGPJ es un incumplimiento que no puede conllevar que también el Gobierno incumpla", ha señalado.
