MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado en el Congreso que la administración pública española ha superado "la maldición" de Larra y ya "no queda afortunadamente nada" de esa España "decimonónica".
Montoro ha defendido en el parlamento dos proyectos de ley, de Régimen Jurídico del Sector Público y de Procedimiento Administrativo Común, y ha asegurado que con estas iniciativas se sientan las bases "de un nuevo modelo" y a la altura de la sociedad "de internet y las nuevas tecnologías".
En este punto, ha hecho referencia a Mariano José de Larra y su famosísimo artículo 'Vuelva usted mañana', que retrata las dificultades de un extranjero que llega a España para diversos trámites sin conseguir avanzar ninguno.
"La España de Larra se convirtió para la administración pública en una suerte de maldición de la que le ha resultado complicado desprenderse", ha dicho el ministro.
Las dos leyes, que se tramitarán por urgencia, han recibido tres enmiendas a la totalidad del PSOE, CiU e Izquierda Plural, rechazas por el PP con la abstención de UPyD. Las normas por tanto inician su camino en el Congreso.
Cristóbal Montoro, que ha aprovechado su intervención para hacer un repaso del trabajo de su ministerio en esta legislatura, ha asegurado que con estas dos normas se busca apuntalar la modernización de las administraciones públicas, "que quieren se reflejo de esa sociedad".
CUANDO LA LEGISLATURA AGONIZA
Los grupos que han intervenido, salvo el PP, han criticado que estos dos proyectos lleguen cuando la legislatura está a punto de terminar y con escaso tiempo para el debate en el parlamento, además de expresar críticas al fondo del asunto.
El portavoz del PSOE, José Enrique Serrano, se ha apoyado en las críticas expresadas por el Consejo de Estado a estas leyes con expresiones como "alto grado confusión", "dispersión de normas" o "difícil comprensión".
Ha sido muy crítico con que una norma haya sido dividida en dos (los dos proyectos en debate) y con su presentación "en el tramo agónico de la legislatura". Sólo ha celebrado que la entrada en vigor sea un año después de la aprobación, lo que permitirá su derogación por el siguiente gobierno, "sin que sufra la seguirdad jurídica".
María Carme Sayós, portavoz de CiU, ha cuestionado especialmente el carácter básico de la ley de bases de régimen jurídico, que afecte también a las autonomías y a las entidades locales, lo que a su juicio es una "invasión competencial".
También ha censurado puntos "claramente políticos" de la ley, como la Conferencia de Presidentes. "Si el presidente del Gobierno no es capaz de hablar con los presidentes de las Comunidades de tú a tú es que hay un grave problema y no se resuelve a golpe de ley, sino con valentía y diálogo", ha advertido.
Por la Izquierda Plural, Ana María Castaño ha criticado tanto que "dos normas de especial trascedencia" lleguen al final de la legislatura como el contenido de los proyectos: también a su juicio se entrometen en las competencias autonómicas. "Intentan sortear los límites del texto constitucional para llevar a término una recentralización encubierta. Se avecina un futuro litigioso", ha dicho.
En cuanto al resto de grupos, tampoco han expresado apoyo a estas normas salvo el PP. Ramón Calduch, de UPyD, ha explicado que su grupo se abstiene en la votación del trámite de las leyes porque espera negociar enmiendas parciales para mejorarlas y no ha compartido por ello las enmiendas a la totalidad.
Emilio Olabarría, del PNV, ha considerado estos proyectos "letales" para el Estado autonómico, por intromisión en las competencias de las Comunidades, especialmente del País Vasco, y una "felonía jurídica" por cómo se han tramitado. "Hay que intentar reparar los daños que serían irreparables si se aprueban sin enmiendas", ha dicho, admitiendo que se arrepiente de no haber presentado una enmienda a la totalidad.
Por parte del PP, José Alberto Martín-Toledano ha asegurado que estas dos leyes, junto con la ley de transparencia y la de estabilidad presupeutaria, "conformarán las bases esenciales de la adminitración pública del futuro, eficientes,e ficaces, ágiles, transaprentes, sostenibles y sobre todo centradas en els ervicio a los ciduadanos".
LOS DOS PROYECTOS
Con la ley de Procedimiento Administrativo Común se implanta una administración totalmente electrónica e interconectada, que entre otras cosas obligará a la relación sólo electrónica entre las empresas y las administraciones.
El Gobierno busca facilitar las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la administración, simplificando las fórmulas de identificación. Con este objetivo también se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier administración, con independencia de a quien se dirijan.
En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional, lo que permitirá a las empresas poder planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.
A todo ello se unen distintas medidas de transparencia, como un inventario único y público de todos los organismos y entidades vinculados o dependientes de todas las administraciones. Cualquier ciudadano y empresa podrá conocer qué organismos y entidades públicas existen en cada momento.
MENOS ENTIDADES
El Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público simplifica el sector público institucional, racionalizando a futuro los tipos de entidades y organismos públicos que pueden existir en el ámbito estatal, y establece un régimen completo de transformaciones, fusiones, disolución, liquidación y extinción de entidades y organismos públicos estatales.
En concreto, se endurece la creación de estas entidades. Se requerirá la elaboración previa de un plan de actuación e informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que evaluará la necesidad de su creación, sostenibilidad y la ausencia de duplicidades con otras entidades existentes.
Y se facilita a cambio el camino para disolverlas cuando se encuentren en desequilibrio económico durante dos años o se constate que ya no son idóneas para cumplir los fines que justificaron su creación.
Se crean nuevos controles sobre las entidades y organismos del sector público, tanto de supervisión continua, para evaluar periódicamente el cumplimiento del plan de actuación y su sostenibilidad financiera, como de control de eficacia, para evaluar si están logrando los objetivos para los que se crearon.
REGULADA LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
Por primera vez, se regulan en una ley los elementos básicos de composición y funcionamiento de la Conferencia de Presidentes, formada por el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos.
Se regulan de forma más precisa las Conferencias Sectoriales como órganos de cooperación esenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, donde se reúnen periódicamente los ministros y consejeros competentes por razón de la materia. Por primera vez sus Acuerdos serán, con carácter general, de obligado cumplimiento.
