Comienza con 42 funcionarios, que serán 70 a finales de año, un presupuesto de casi 5 millones de euros y sede en Madrid
MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El 1 de enero de este año ha empezado a funcionar la nueva Agencia Estatal de Evaluación, un organismo creado para conocer los resultados y la calidad de los servicios y de las políticas públicas, según explica su presidente, Juan Antonio Garde, en una entrevista concedida a Europa Press.
En este ejercicio de arranque, la Agencia revisará el Plan Nacional de Reformas y hará un informe sobre las dificultades para crear una empresa, que sitúan a España entre los peores lugares de Europa. También, como objetivo de partida, se creará un observatorio de la opinión pública sobre la calidad de los servicios de la administración.
Juan Antonio Garde tomó posesión de su cargo como presidente el pasado lunes. La Agencia, con sede en Madrid, cuenta por el momento con 42 funcionarios de varias disciplinas, que pasarán a ser unos 70 al final de este año, y su presupuesto para 2007 asciende a 4,9 millones de euros. Garde asegura que la estructura de la entidad se decidirá conforme avance el trabajo, pero que será en cualquier caso pequeña y que se apoyará en equipos externos. "La Administración pública tiene que ir hacia modelos más operativos, no burocráticos", defiende.
Los objetivos de la institución son conocer y mejorar los servicios y las políticas públicos y racionalizar el gasto. También, añade Juan Antonio Garde, que el sector público impulse la competitividad y la productividad de la economía española y, en cuarto lugar, "un efecto político: mejorar con la evaluación la transparencia y la calidad democrática".
"La evaluación es sobre todo un análisis de eficiencia, de efectos y resultados en los destinatarios de una intervención pública", resume Juan Antonio Garde. La Agencia nace dedicada a la Administración del Estado, pero con la aspiración de colaborar con todas las CCAA. De hecho, está previsto que estas se integren voluntariamente en el consejo rector, que se constituirá en la primera semana de febrero.
El presidente de este organismo es optimista sobre la colaboración con las Comunidades, con las que se quiere establecer estándares, indicadores, metodologías de evaluación compatibles, "que ayuden a saber si algo está funcionando bien o mal". A su juicio, impulsar la "cultura de la evaluación" no se entromete en las competencias de cada Administración y "se irá abriendo camino". "La Agencia está muy abierta a muy diversos niveles de colaboración, que pueden ir desde un proyecto conjunto con todas las CCAA a montar equipos mixtos dentro de una Comunidad", asegura.
PRIMER PLAN DE TRABAJO
La Agencia realizará informes anuales sobre determinadas áreas, según un plan de trabajo que aprobará el Consejo de Ministros, y los trabajos serán enviados al Gobierno y al Congreso, así como a otros organismos o Comunidades Autónomas. Para estos estudios, explica Garde, existen distintas técnicas de estudio que permiten "aproximaciones razonables a los efectos de una política".
El presidente de la Agencia Estatal señala que el primer encargo que tiene la Agencia es evaluar el Programa Nacional de Reformas, un plan para lograr la convergencia con la Unión Europea en 2010, tanto en renta per cápita como en empleo y en sociedad del conocimiento. El informe debe ser presentado al Gobierno en octubre.
También este año, la Agencia evaluará los "obstáculos" para la creación de una empresa. "Hay estudios internacionales que, con metodologías diversas, nos posicionan en una situación desfavorable. Con respecto al resto de Europa estamos mal, bastante mal", explica Garde. "Es verdad que probablemente no esté toda la pelota en el tejado de la Administración del Estado", asegura, en referencia a la intervención de CCAA y ayuntamientos en estos procesos. "Hay que ver dónde están los obstáculos o controles que no son imprescindibles", dice.
En tercer lugar, Juan Antonio Garde explica que se quiere poner en marcha un observatorio de la opinión pública sobre la calidad de los servicios de la administración. Se empezará por algún servicio concreto, aún por determinar, para conocer "el ajuste a las necesidades de los usuarios".
INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA Y CALIDAD DE LO PÚBLICO
Respecto a cómo se logra la independencia de criterio de la Agencia, que va a evaluar las políticas públicas y depende a la vez del Gobierno (del Ministerio de Administraciones Públicas), Juan Antonio Garde explica que "la reputación hay que ganársela en la práctica", pero que además de demostrar independencia este organismo necesita "más madurez en la relación entre la política y lo público".
"Muchas veces, los programas públicos son usados como arma arrojadiza, tenemos poca madurez en el análisis crítico", asegura Garde. "No nos escandalicemos nadie porque haya programas con éxito y otros que no lo tengan. La Agencia necesita un caldo de cultivo institucional y en gestión, que se acepte unas reglas de juego", agrega.
Juan Antonio Garde asegura que la calidad del servicio público en España "es muy desigual", con áreas más deficientes y otras "a la vanguardia en desarrollo de tecnologías, preocupación por los resultados y por la ciudadanía", como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, explica. "En conjunto, está por debajo de sus potencialidades", agrega.
La percepción de los ciudadanos, sin embargo, no es del todo mala, según un trabajo realizado por la Unión Europea sobre el rendimiento del sector público en el que se medía el porcentaje del PIB dedicado a una política y la satisfacción de los usuarios. El resultado de España fue "medio-alto". "Con porcentajes medianos y medianos-bajos del PIB en determinadas áreas, como la sanitaria, el grado de satisfacción era extraordinariamente alto", explica.
Acerca de si en el futuro se establecerán compensaciones a los usuarios si los servicios públicos no cumplen, Juan Antonio Garde responde que "hay que ser cuidadosos". Explica que ya existen las llamadas cartas de servicios públicos, "incorporan resarcimientos al ciudadano con el que se ha incumplido un compromiso". "Se está haciendo con cautela, alguna Comunidad Autónoma lo hace en asuntos puntuales, pero hay que ser cuidadosos y ver cómo puede encajar", concluye.
