CiU y PP bloquean aplicar un impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos
BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprobado por unanimidad la ley de financiación del sistema integrado de transporte público de Cataluña, que contempla la creación de un título que adapta el precio al uso del medio de transporte conocido como T-Mobilitat.
Durante el la sesión de este miércoles del pleno parlamentario, la ley impulsada a propuesta de ICV, ha salido adelante aunque no es su totalidad, ya que se ha caído en la última votación un incremento del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos que debía revertir en el transporte público, debido a los votos de CiU y del PP que se han opuesto a aplicarlo.
El PP también se ha opuesto a capítulo de tributos propios para la financiación del sistema de transporte público, que ha salido adelante con el respaldo del resto de grupos, y por boca del diputado popular, Manuel Reyes, han propuesto que se reduzcan los cargos directivos de TMB que existen "para colocar amiguetes".
Otro de los puntos que se han puesto en duda, es el de la privatización de la gestión de la T-Mobilitat, que la diputada de la CUP Isabel Vallet ha considerado que forma parte de la dinámica del gobierno de CDC: "Quieren ver negocio en todo lo que sea servicio público, hacer una nueva estrategia de privatización para lo que lo que es de todos se quede en manos de los que lo tienen todo. De La Caixa".
El diputado de ICV Salvador Milà ha celebrado la virtud de la ley y el soporte tecnológico común que supone la T-Mobilitat y ha incidido en que la norma recoge que los datos incorporados a ese soporte no pueden ser cedidos a entidades privadas ni explotadas con finalidades comerciales, aunque ha reconocido que será el nuevo gobierno quien deberá dar cumplimiento a este extremo.
Milà ha coincidido en este punto con el diputado de CDC Josep Rull, que ha incidido en el impedimento que pone la norma sobre el uso comercial de unos datos que contendrá unas tarjetas que gestionarán empresas privadas.
Para el diputado socialista, Jordi Terrades, la ley que se ha aprobado no acaba de solucionar los aspectos reales de financiación de transporte público: "La ley nombra siete figuras tributarias nuevas que no concretan cómo se implementarán y será el gobierno que salga del 27S quien lo decida, con lo que se continúa con la falta de concreción de cómo se obtendrán los recursos".
Un punto en el que ha coincidido con el diputado de ERC Marc Sanglas, que ha dicho que el Parlament se "emplaza a la siguiente legislatura para poner en marcha la medidas de financiación del transporte público".
Desde la bancada de C's, Matías Alonso ha hecho hincapié en que, ya que se le pide un esfuerzo al ciudadano a través de tasas impositivas, la administración debe hacer "un esfuerzo" en la gestión y racionalización de la autoridad competente que lo gestione.
TARIFAS E IMPUESTOS
Uno de los puntos que establece el nuevo texto legislativo es que será la administración competente en materia de transporte que corresponda en cada caso la que fijará y aprobará las tarifas del transporte público.
Pese a que no ha salido adelante incrementar el tributo a las pernoctaciones turísticas, sí se ha aprobado un recargo sobre el impuesto de actividades económicas que grave la actividad de superficies comerciales grandes y medianas, galerías comerciales y otras concentraciones o áreas comerciales urbanas y de servicio con facturación anual superior a un millón de euros.
Y además, se aplican tributos sobre la congestión y la contaminación derivadas de la utilización del vehículo privado incluyen impuestos o tasas que graven la utilización de las vías de alta capacidad e impuestos o tasas que graven la contaminación atmosférica producida por vehículos a motor en desplazamientos comerciales o privados con utilización de aparcamientos de rotación en vías públicas y establecimientos comerciales o de los de edificios o centros generadores de movilidad situados en zonas de protección atmosférica especial.
