El Parlamento Vasco impulsará una iniciativa legislativa para las Cortes deroguen el régimen de incomunicación

VITORIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del tripartito (EA, EB y Aralar), EHAK y Aralar, aprobaron hoy el dictamen de la propuesta de iniciativa legislativa para que las Cortes Generales del Estado modifiquen la Ley de Enjuiciamiento criminal para acabar con el régimen de incomunicación para personas investigadas por terrorismo e instalar cámaras de video en las zonas de detención de las comisarias del Estado. El PSE se opuso a la medida porque mantener la legislación antiterrorista es "absolutamente necesario", postura que fue secundada por el PP.

El dictamen, que parte de una iniciativa de Aralar, fue aprobado en Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento vasco y deberá ser debatido en pleno, donde se aprobará previsiblemente, como paso previo a su remisión al Congreso. El texto consta de dos artículos, el primero referido a las grabaciones en comisarias y el segundo, a la supresión de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento criminal que posibilitan la aplicación del régimen de incomunicación para sospechosos de terrorismo o relación con banda armada.

En el primer artículo se establece que las autoridades responsables de la custodia de toda persona detenida "realizarán las grabaciones en los locales de detención, de forma que se compatibilice la garantía de sus derechos fundamentales e intimidad, así como la seguridad de los funcionarios intervinientes". El segundo punto propone la eliminación de los artículos 520 bis y 527 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

El parlamentario del PSE Rodolfo Ares justificó el rechazo de su grupo a la iniciativa al entender que, tras la "excusa" de las grabaciones en comisarias para evitar posibles maltratos a los detenidos, subyace un intento de "disfrazar la derogación de gran parte de nuestra legislación antiterrorista", cuyo mantenimiento consideró "absolutamente necesario" porque "queda mucho camino" para conseguir el fin de ETA.

Por su parte, el portavoz popular en materia de Interior, Carlos Urquijo, coincidió con estas afirmaciones al poner en duda que, en caso de aplicarse las medidas propuestas en la iniciativa, "se hubiera conseguido prácticamente terminar con la actividad de ETA".

Según dijo, sin la aplicación del régimen de incomunicación en las primeras horas de la detención de un sospechoso de terrorismo, "podrían desaparecer personas o documentos vinculados a la investigación".

Desde el PNV, Elixabete Piñol afirmó que la actual legislación antiterrorista es "muy poco compatible" con los acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno central en materia de Derechos Humanos, por lo que reclamó al Ejecutivo que tenga "valentía" para abordar este asunto.

A su juicio, la defensa de los Derechos Humanos es "perfectamente compatible y no tiene que suponer detrimento alguno de la eficacia de la actividad policial".

El parlamentario de EA Juan Porres se felicitó por la aprobación del dictamen, ya que supone "un avance significativo" en la lucha contra el maltrato y la tortura.

La parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, criticó al PSE por argumentar su rechazo a la propuesta en su negativa a eliminar el régimen de incomunicación, ya que ese partido tampoco respaldó la iniciativa original en la que tan sólo se hacía mención a las grabaciones.