MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PDeCAT ha registrado una proposición no de ley en la que censura la "instrumentalización" y "politización" de las resoluciones del Tribunal de Cuentas relativas a la consulta que se celebró en Cataluña del 9 de noviembre de 2014 y con la que pretende, además, que las Cortes Generales rechacen la sanción impuesta al expresidente catalán Artur Mas.
Este lunes, Mas depositó 2,2 millones de euros del total de 5,25 millones de euros que le ha reclamado el organismo fiscalizador como fianza en la oinvestigación que realiza sobre el supuesto uso de fondos públicos para la mencionada la consulta soberanista. Asimismo, el expresident pidió que se le ampliase el plazo para el ingreso del resto de la fianza, una solicitud a la que el Tribunal podría contestar el próximo jueves, según confirmaron fuentes de esta institución.
Los independentistas catalanes registraron esta iniciativa el pasado 29 de septiembre, cuatro días después de que el Tribunal de Cuentas notificara a Mas que debía abonar 5,25 millones de fianza solidaria por el gasto ocasionado a las arcas públicas para la organización de una consulta que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.
LA FIANZA: UNA MEDIDA "COERCITIVA"
En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PDeCAT cuestiona la "celeridad" con la que el organismo fiscalizador ha trabajado para resolver la denuncia contra Mas y la exvicepresidenta Joana Ortega y los consejeros Irene Rigau y Francesc Homs que presentados dos "pequeñas" entidades para reclamarles el gasto de la organización de la consulta del 9N. Una velocidad que, según apunta, "no ha sido nunca una característica" propia del Tribunal de Cuentas.
El pasado 19 de julio, el citado Tribunal abrió un procedimiento para investigar a los citados dirigentes catalana a raíz de una denuncia presentada por Societat Civil Catalana, una plataforma de la que el PDeCAT destaca los vínculo de algunos de sus impulsores con el "franquismo" y la "extrema derecha", y por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución.
Tan sólo mes y medio después, el 5 de septiembre, según recuerda el PDeCAT, el Tribunal de Cuentas citaba a once altos cargos de la Generalitat para comunicarles la liquidación de los más de 5 millones de euros que se les imputa --correspondientes a los gastos de la consulta más intereses--, y el 25 de septiembre, en vísperas de la convocatoria de referéndum del 1 de octubre, se les confirmaba el pago de una fianza de 5,2 millones de euros.
Una medida "coercitiva", a juicio de los de Carles Campuzano, que efectuaba un órgano "independiente", ironiza, como el Tribunal de Cuentas, para "desincentivar" la convocatoria de la consulta secesionista del 1-O.
SE AJUSTA A LAS "CONVENIENCIAS" DEL GOBIERNO
Para el PDeCAT, esta resolución del procedimiento, unida a la posición adoptada por la Abogacía del Estado, es "un claro indicativo" de la "presión" ejercida por el Estado para "instrumentalizar" y "politizar" la decisión del Tribunal del Cuentas.
Así las cosas, los independentistas catalanes piden en su iniciativa, que será debatida en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que las Cortes rechacen la imposición de cualquier tipo de fianza o sanción del citado organismo por la organización de la consulta del 9N.
Y es que, según denuncian, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda ha actuado con una celeridad inusitada, sin "las más mínimas" garantías procesales para las personas afectadas y "ajustando" su trabajo a las "estrategias" y "conveniencias" del Gobierno de Mariano Rajoy.
