Piden 1 año de cárcel y 9 de inhabilitación para el alcalde de Sayalonga (Málaga) por un delito urbanístico

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga solicita inicialmente un año de prisión y nueve de inhabilitación para el alcalde socialista de la localidad malagueña de Sayalonga, José Luis Navas, por un delito urbanístico. Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, está previsto que el juicio por esta causa continúe mañana en el Juzgado de lo Penal número 11 con la declaración de un testigo y los informes finales.

Según se explica en las conclusiones provisionales del fiscal, el acusado, "en su condición de alcalde", concedió una licencia de obra por decreto en marzo de 2000 para una vivienda de nueva planta en un lugar llamado 'Pago de Batahiz', "a sabiendas" de que contravenía las normas urbanísticas vigentes, al ser el suelo no urbanizable, lo que constaba "con toda claridad" en el informe de un técnico municipal.

Esta licencia, según el escrito inicial de la acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, quedaba condicionada a la presentación de determinada documentación y al pago del impuesto sobre construcciones, condiciones que no se cumplieron, por lo que el permiso no llegó a adquirir efectividad.

No obstante, cinco años más tarde, se constató que se estaban realizando actuaciones para la construcción de una vivienda en esos terrenos "amparándose en la antigua licencia", por lo que el Ayuntamiento de dicho municipio acordó incoar un expediente de restauración de la legalidad urbanística, con fecha de octubre de 2006.

En el expediente constaba un informe en el que se precisaba la ilegalidad de la obra, que, según apunta el fiscal, se hacía sin licencia ya que no se había pedido la renovación de la primera. El alcalde decidió archivar el expediente en 2007, a pesar de "la disconformidad del secretario municipal" y del requerimiento hecho por la Consejería de Obras Públicas de que ejercitase sus facultades de disciplina urbanística.

En lo que respecta al constructor, también acusado, el ministerio público señala que llevó a cabo las obras en suelo no urbanizable y "careciendo de licencia municipal de obras, pues la otorgada en 2000 debe considerarse caducada". En junio de 2005, cuando se realizó la inspección por parte de un técnico municipal, las obras estaban en ejecución, igual que en agosto de 2006, cuando fueron agentes del Seprona. Estiman que deben considerarse no legalizables.

Para el fiscal, los hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio del que acusa al alcalde, solicitando de forma inicial un año de prisión y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público; y también al constructor, para el que pide en sus conclusiones provisionales la misma pena de cárcel y dos años de inhabilitación especial para profesión u oficio.