MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Podemos ha decidido inhabilitar a la hasta ahora presidenta de su Comisión de Garantías Democráticas, Olga Jiménez, para ejercer cargos públicos o internos de la organización durante tres años, al considerar que se ha excedido en sus funciones y ha incumplido los estatutos de la formación, según confirmaron a Europa Press fuentes del partido morado.
Su inhabilitación llega tras dos meses de disputas entre la presidenta y la dirección del partido, a raíz de la decisión de Jiménez de anular los nuevos estatutos aprobados por la cúpula de Podemos a mediados del mes de julio.
La presidenta aprobó a finales en julio un dictamen anulando los nuevos estatutos que la Ejecutiva elaboró a partir de los documentos aprobados en la Asamblea de Vistalegre de febrero ya que, a su juicio, el nuevo régimen disciplinario que se incluía en ellos incorporaba elementos que no habían sido refrendados por las bases en aquel congreso.
La presidenta ahora inhabilitada también denunció en su dictamen que los nuevos estatutos limitaban a cinco los miembros de la Comisión de Garantías con derecho a voto, mientras que hasta ese momento eran diez: los cinco permanentes y los cinco suplentes.
EXPEDIENTE SANCIONADOR
Como consecuencia, la Comisión de Garantías que ella misma había estado presidiendo y que se encarga de velar por el cumplimiento de los estatutos del partido y el buen comportamiento de los miembros del partido, decidió a principios de septiembre abrir expediente a Jiménez por excederse en sus funciones.
Ahora, la Comisión de Deliberación y Decisión, compuesta por tres miembros titulares de la propia comisión, ha resuelto una sanción de tres años de suspensión e inhabilitación de sus cargos a la presidenta del tribunal interno de Podemos, según explican las fuentes consultadas.
En concreto, cada uno de los tres años de sanción corresponde a tres motivos diferentes: uno por difundir el dictamen que emitió anulando los estatutos, "falseando el hecho de su desaprobación y su falta de legitimidad"; otro, por cesar "sin opción de defensa a su secretaria"; y un tercer año "por presionar a órganos de Podemos para conocer datos personales de miembros de su comisión".
