Sáenz de Santamaría advierte de que el Gobierno central debe "clarificar" los criterios de inversión en las autonomías
SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La secretaria ejecutiva de Política autonómica y local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró hoy que el Gobierno valenciano, gobernado por Francisco Camps (PP), "nunca puso en duda" la constitucionalidad del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, con lo que una vez que el Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto no admitir a trámite su recurso contra el texto andaluz, aseguró que la intención de Camps era poner de relieve la "disparidad" de los criterios usados por el Gobierno central para orientar sus inversiones en las autonomías, algo que a su juicio aún se debe "clarificar".
Sáenz de Santamaría celebró precisamente hoy en Sevilla una rueda de prensa junto al secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, para abordar las diferencias entre los nuevos textos estatutarios de Andalucía y Cataluña. En el transcurso de su comparecencia, y a preguntas de los periodistas, la dirigente popular advirtió de que la Generalitat valenciana, que ha visto cómo el TC no admitía a trámite su recurso contra la nueva carta magna andaluza, "nunca puso en duda" el carácter constitucional de este estatuto de autonomía que ha contado con el respaldo de populares y socialistas.
Soraya Sáenz de Santamaría proclamó la "plena constitucionalidad" del texto estatutario andaluz, --aprobado en la Cámara Baja sin votos contrarios--, y en cuanto a la iniciativa del Gobierno autonómico de Camps de recurrirlo ante el TC, aseguró el Ejecutivo valenciano sólo pretendía "poner en evidencia" la "disparidad" de los criterios esgrimidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de fijar las inversiones en las comunidades autónomas; pues el citado recurso aludía a la disposición adicional tercera del texto andaluz y su ajuste de las inversiones al peso demográfico de esta región.
Si bien el auto del TC que decreta la no admisión a trámite de dicho recurso al entender que el recurso no cuestiona la constitucionalidad del texto andaluz, "sino su incongruencia" con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, Sáenz de Santamaría aseguró que la formulación de dicho recurso "era la manera" usada por el Ejecutivo valenciano para reclamar una "clarificación" del modelo de inversiones en las comunidades autónomas ante las "contradicciones" del gobierno central en los textos estatutarios de Andalucía y Cataluña, donde en el primer caso las inversiones se subordinan el peso poblacional y en el segundo al papel del Producto Interior Bruto (PIB) catalán en el conjunto nacional.
LA "PELOTA" EN EL TEJADO DEL GOBIERNO
"El Gobierno no puede fijar criterios dispares entre las comunidades autónomas", dijo la secretaria ejecutiva de Política autonómica y local del PP para reclamar un "criterio general" en materia de inversiones estatales en las autonomías. En ese sentido, y después de que el TC declarase en su auto de no admisión a trámite que el mencionado recurso era "extravagante y ajeno" a su jurisdicción, advirtió de que dicha resolución despeja la "pelota" hacia "el tejado" del Gobierno central. "Esto no salva al Gobierno de clarificar cuál es el modelo de inversiones para las comunidades autónomas", señaló insistiendo en su reclamación de una fórmula "clara, objetiva y que dé seguridad jurídica".
Es por ello que reclamó que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera el escenario en el que se diriman cuestiones de esta índole, a fin de evitar que la proliferación de "criterios dispares" para las inversiones estatales deje "sin solución a muchas comunidades autónomas". Pero de todas formas, Sáenz de Santamaría defendió la iniciativa del gobierno de Camps dentro de la estrategia nacional del PP y advirtió de que las autonomías "tienen derecho a que sus intereses sean escuchados", toda vez que el recurso aludía a la disposición adicional tercera del texto estatuario andaluz para advertir de su "incongruencia" respecto a los criterios de inversión estatal recogidos en la carta magna catalana.
