El PP agita la vía del conflicto de competencias ante el TC y supera la decena de recursos planteados desde el Senado

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para explotar la vía del conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional, un mecanismo inédito en la Cámara Alta y que esta legislatura ta se ha utilizado una decena de veces contra el Congreso o el Gobierno. La lista está a punto de ampliarse porque en el Pleno del próximo miércoles el PP elevará un nuevo conflicto contra el Gobierno por su veto en el Congreso a unas enmiendas a la Ley de Multirreincidencia que se habían aprobado en la Cámara Alta.

Los de Alberto Núñez Feijóo han recurrido a los choques institucionales con el Congreso y el Gobierno por diferentes motivos: la Ley de Amnistía; una norma que beneficiaba a presos de ETA; enmiendas a la Ley de Movilidad Sostenible; el bloqueo del Congreso a leyes del PP; los Presupuestos Generales del Estado (PGE); la Ley de Eficiencia Jurídica; enmiendas a la Ley de Desperdicio Alimentario; la Ley de Navegación Aérea o la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a un Pleno.

El procedimiento del conflicto de atribuciones se inicia a propuesta de un grupo parlamentario, en esta ocasión el PP, y con su mayoría absoluta en el Senado lo aprueba en el Pleno. A partir de aquí, la institución lo adopta como suyo y lo remite al Congreso y/o al Gobierno.

Desde ese momento, el Congreso y/o el Gobierno tienen un mes para contestar desde que reciben el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En el caso de que se rechace, el Senado tiene la posibilidad de iniciar el camino para elevarlo ante el Tribunal Constitucional (TC).

ALGO INÉDITO QUE COMENZÓ CON LA AMNISTÍA

El primer conflicto entre órganos constitucionales de la democracia lo impulsó el PP hace justo ahora dos años, en abril de 2024, cuando aprobó este choque con el Congreso por la Ley de Amnistía al entender que era "una reforma Constitucional encubierta".

Este choque institucional, inédito desde la aprobación de la Constitución Española en el año 1978, siguió su recorrido hasta que el Congreso descartó retirar la Ley de Amnistía, por lo que la pelota estaba en el tejado del PP en el Senado.

Y finalmente los 'populares' aprobaron un mes después un escrito en el Senado en el que dejaba sin efecto el conflicto de competencias por la Ley de Amnistía, descartando así elevarlo finalmente al Tribunal Constitucional (TC).

DIEZ CHOQUES EN DOS AÑOS

Después del choque por la amnistía, el PP inició un camino de más de una decena de conflictos de atribuciones en estos dos últimos años por diferentes motivos y que sí que acabaron en el Tribunal Constitucional.

Uno de estos conflictos tiene que ver con la ley que conmuta a presos de ETA las penas cumplidas en el extranjero, ya que el PP entendía que el Senado vetó la norma y el Congreso le hizo caso omiso.

El PP también elevó un choque ante el Constitucional contra el Congreso y el Gobierno por el "veto" del Ejecutivo de Sánchez a una enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, una situación que se volvió a repetir con la Ley de Desperdicio Alimentario y la Ley de Navegación Aérea.

En el caso de la Ley de Eficiencia Jurídica, el PP impulsó un choque institucional en el Senado con el Gobierno y el Congreso para que procedieran a "revocar la corrección de errores" introducida de "manera fraudulenta" en esta norma a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) después de su tramitación parlamentaria.

POR AUSENCIAS DE SÁNCHEZ Y PRESUPUESTOS

Otro de los choques institucionales aprobados por el PP en el Senado fue contra el Congreso por "bloquear" y "secuestrar" las proposiciones de ley que se aprueban en la Cámara Alta.

Asimismo, a finales del año pasado, el Senado decidió elevar ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Gobierno impulsado por el PP por no cumplir con su obligación constitucional de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Por último, el Senado inició las acciones a finales de marzo para elevar ante el Constitucional el choque con el Gobierno por la ausencia de Sánchez en un Pleno extraordinario durante el mes de enero.

El Pleno del próximo miércoles aprobará un nuevo choque institucional contra el Gobierno y el Congreso por el veto del Ejecutivo a la tramitación de unas enmiendas en la ley contra la multirreincidencia que iban a limitar el proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales.