MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
La secretaria ejecutiva del PP en política autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, aseveró hoy que un año de vigencia del Estatut ha servido para demostrar que el nuevo texto no sirve para solucionar los "problemas" de los catalanes y añadió que, en este contexto, se hace "necesario" que el Tribunal Constitucional se pronuncie cuanto antes sobre los recursos presentados.
En declaraciones a Europa Press, Sáenz de Santamaría subrayó que el 'caos' energético y de transportes que ha vivido Barcelona en las últimas semanas supone "una muestra" de lo que ha dado de sí el Estatuto. "Es un Estatuto que claramente ha demostrado que no sirve para solucionar los problemas de los catalanes y que ha distraído la atención de los gobernantes durante tres años, que no se han dedicado a mejorar los servicios públicos y esenciales de esta comunidad autónoma. Además, ha generado una gran inestabilidad política", enfatizó.
"Y creo que ahora, una vez que ha pasado un año de su entrada en vigor --prosiguió--, es necesario que el Tribunal Constitucional resuelva cuanto antes los siete recursos que penden sobre ese Estatut y que se dé estabilidad jurídica, porque de ese Estatuto se está instando su ejecución; muchas cosas se están haciendo por la teoría de los hechos consumados".
En esta línea, reiteró su demanda al TC de que resuelva "cuanto antes" y al Gobierno socialista y a la Generalitat catalana que "se dejen de maniobras dilatorias para impedir una sentencia", aludiendo así a los requerimientos presentados ante el Alto Tribunal por la Abogacía del Estado y el Ejecutivo catalán para pedir al PP que retire su recurso, alegando que recurre contra artículos similares a los de otros estatutos a los que sí ha dado su apoyo.
"Yo creo que cuando uno está seguro de que lo que hace está bien no tiene miedo. Y no tiene ninguna justificación el miedo que tiene Zapatero y el Gobierno de la nación a la sentencia de un Tribunal que clarificaría las cosas y que serviría además para poner en su sitio el debate estatutario en nuestro país", remachó.
CAPÍTULO DE INVERSIONES EN CATALUÑA.
Cuando se le planteó que hay otros partidos que apuntan que, precisamente el nuevo Estatut, será el que sirva para resolver las carencias en infraestructuras y energía en Cataluña gracias a su capítulo sobre inversiones, la dirigente 'popular' recalcó que es precisamente en ese capítulo donde se pone de manifiesto que eso no es "cuestión estatutaria, sino de la voluntad que tengan los gobiernos de funcionar bien".
"Cuando el PP accedió al Gobierno de la nación en el año 96, las inversiones en Cataluña no llegaban al 8 por ciento --señaló--. Y, sin necesidad de un Estatuto, se colocaron en el 18 por ciento. ¿Por qué?. Porque eran necesarias, porque esa comunidad las precisaba y el Estado es quien, en cada momento, puede decidir qué comunidad, qué español necesita o precisa unos servicios públicos o que se actualicen y modernicen".
Dicho esto, reprochó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que estén intentando "echar balones fuera" y culpar "a quienes desde hace varios años ya no gobiernan, ni en al Generalitat ni en el Gobierno de la nación". "Los problemas de los ciudadanos se solucionan con actuaciones eficaces, teniendo las cosas bien claras y trabajando día a día por los ciudadanos, asumiendo responsabilidades", añadió.
Finalmente, se le preguntó si consideraba que un traspaso de la gestión de los transportes públicos podría ser una solución a crisis como las de Cataluña, a lo que Sáenz de Santamaría respondió que España necesita un debate "sereno y sosegado" sobre qué administración está "más capacitada" para ejercer cada competencia.
"Desde algunos gobiernos autonómicos como la Generalitat, en temas como el aeropuerto, se reclaman competencias, cuando al final se es competente y no se asume la responsabilidad --concluyó--. En este país debemos hacer la lectura de la responsabilidad en el ejercicio de las competencias, y no solamente reclamarlas. El PP está planteando un debate una clarificación competencial, buscando qué administración puede llevar a cabo mejor un servicio y, sobre todo, impulsar mecanismos de cooperación y coordinación entre administraciones".