MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para encargar a la Comisión General de las Comunidades Autónomas una ponencia sobre el contenido autonómico de la proposición de ley de amnistía, sumándose así a los informes que ya ha solicitado sobre este tema a los letrados de la Cámara Alta, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incluso a la Comisión de Venecia.
En concreto, la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha acordado que los miembros de la ponencia serán tres integrantes del PP, dos del PSOE y uno por cada grupo: Sumar, PNV, Junts, ERC y Vox.
Se trata de otro mecanismo que el PP ha activado en la Cámara Alta, en la que tiene mayoría absoluta, para exhibir su rechazo a la proposición de ley de amnistía, después de que ya hayan pedido varios informes dentro de la institución y a organismos como el CGPJ y a la Comisión de Venecia.
Y es que el informe de los letrados del Senado concluye que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un texto en el que que critica la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denomina como "reforma encubierta de la Constitución", aunque la Mesa de la Cámara Alta, con mayoría del PP, decidió tramitarla pese a la insistencia de Vox.
Por su parte, el dictamen de la Comisión de Venecia no ve conflicto en la separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficiarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley.
En el caso del texto solicitado al CGPJ, este órgano estudiará en Pleno dos informes opuestos sobre la amnistía: el del vocal Wenceslao Olea --del ala conservadora, bloque mayoritario del órgano-- defiende que es inconstitucional y vulnera la separación de poderes y el principio de igualdad, mientras que el de la vocal Mar Cabrejas --del sector progresista-- sostiene que se ajusta a la Carta Magna pero subraya la falta de concreción temporal y, en cuanto al terrorismo, echa en falta una definición de lo que se considera violación de derechos humanos.
