MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP planteará mañana a votación en el Pleno del Congreso una moción en la que insta al Gobierno a impulsar las reformas legislativas necesarias para que los cargos públicos que no cumplan con la Ley que regula el uso de las Banderas sean sancionados con la inhabilitación en el ejercicio de sus funciones. En la misma iniciativa solicita al Ejecutivo que en el plazo de un mes remita a la Cámara un listado de ayuntamientos que incumplen la ley, indicando además la formación política que los rige.
Esta moción es consecuencia de la interpelación que la pasada semana formuló la portavoz adjunta del PP, Ana Torme, a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quien ya admitió las "dificultades" tanto "objetivas" como "políticas" para garantizar el total cumplimiento de la Ley que regula el uso de la bandera nacional. Sin embargo, la ministra recalcó que el Ejecutivo actúa en este asunto cumpliendo "fielmente el sentido" de la norma y de la misma manera que lo hizo el PP cuando gobernaba.
En su iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, el Grupo Popular recuerda que la ley de 1981 exige que la bandera de España ondee en el exterior y ocupe el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado.
"Lamentablemente es cada vez mayor el incumplimiento de estas disposiciones en Ayuntamientos del País Vasco, Cataluña y Galicia", reza el texto de la moción, en el que se recalca también que el presidente del Gobierno "en lugar de empeñarse en hacer cumplir la ley, ha limitado su intención a un vago 'haré lo máximo posible'". Para el PP, se trata de algo "inaudito en un presidente en cuanto al cumplimiento de la ley se refiere".
Los 'populares' consideran que es hora de que la Cámara Baja, que es representación de la soberanía nacional, exija que se cumpla la normativa en materia de símbolos que son comunes y que, según subraya, representan la "libertad" y los "derechos" de los españoles.
REQUERIMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES.
Por todo ello, insta al Gobierno a "ordenar" a las Delegaciones del Gobierno que remitan a todos los ayuntamientos e instituciones que no cumplan con lo dispuesto en la Ley de 1981 un requerimiento para que hagan efectiva la normativa vigente.
En segundo lugar, pide al Ejecutivo que remita al Parlamento en el plazo de 30 días un listado con aquellos Ayuntamientos e instituciones autonómicas que no cumplen con la normativa vigente, con indicación de la formación política que las rige.
En tercer lugar, el PP quiere que el gabinete socialista impulse las reformas legislativas necesarias para que los cargos públicos que no cumplan con lo prescrito en la Ley de 1981 "puedan ser sancionados con la inhabilitación en el ejercicio de sus funciones".
Según recuerda, esa ley contaba con un régimen sancionador que "fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 1992, lo que ha permitido --añade-- que la desobediencia en la aplicación de la ley quede impune".
