El PP pide a Interior que prohíba la marcha del día 30 contra la tortura que incluye en una "campaña" contra las FSE

Carlos Urquijo, diputado en el Parlamento vasco
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Actualizado: domingo, 10 octubre 2010 18:09

BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario vasco del PP Carlos Urquijo ha pedido a Interior que "acalle con hechos la nueva campaña de desprestigio" que, a su juicio, están desarrollando "los radicales" en contra de las Fuerzas de Seguridad del Estado, para lo que propone la prohibición de la manifestación contra la tortura "convocada por el ilegal movimiento Pro Amnistía" el próximo 30 de octubre en San Sebastián

En un comunicado, Urquijo ha destacado que el Gobierno vasco "debe frenar el intento constante del mundo radical de cuestionar el trabajo de la Ertzaintza y de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo".

Según ha explicado el parlamentario popular, la rueda de prensa de presentación de esta manifestación, convocada bajo el lema 'Torturatik ez' (No a la tortura), fue "aprovechada por sus promotores para volver a insistir que las Fuerzas de Seguridad practican la tortura de manera sistemática y por eso es necesario denunciarlo públicamente".

"El mundo de apoyo a la banda terrorista ETA no ceja en su desafío al Estado de Derecho intentando desprestigiar la labor policial contra ETA", ha criticado Urquijo.

Además, ha recordado que por "imputaciones similares" el Gobierno vasco, a instancias del Parlamento, ha iniciado "acciones legales" contra abogados de "presuntos etarras que acusaron a la Ertzaintza de haber infligido torturas a sus defendidos".

"Sería por tanto difícil de entender que, al margen de la situación de ilegalidad del grupo convocante, el Gobierno no tomara la decisión de prohibir una manifestación que da por supuesta la práctica habitual de este execrable fenómeno", ha subrayado.

En este sentido, ha dirigido una pregunta al consejero de Interior, Rodolfo Ares, para conocer si la citada manifestación ha sido comunicada a la Ertzaintza y si piensa prohibir su desarrollo tanto por la situación de "ilegalidad" del grupo convocante, como por la imputación de un "gravísimo" delito a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Erzaintza.