PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, que ha hecho pública este viernes su declaración de bienes y patrimonio, dice disponer de 9.493 euros en cuentas corrientes, un coche Mini Cooper de 2007 valorado en 5.040 euros y un plan de pensiones con 29.000 euros.
Barkos, que ha sido diputada entre 2004 y 2015 y concejala del Ayuntamiento de Pamplona entre 2007 y 2015, cuenta desde que tomó posesión como jefa del Ejecutivo foral el pasado mes de julio con una remuneración de 69.354,46 euros.
En la declaración de bienes que ha publicado este viernes el Gobierno navarro, dice además tener un préstamo con un saldo pendiente de 2.000 euros, y por derechos de autora correspondientes a 2015, 400 euros.
El Gobierno de Navarra ha hecho públicas hoy las declaraciones de bienes y patrimonio de los miembros del Ejecutivo. Las consejeras portavoz y de Función Pública, Ana Ollo y María José Beaumont, respectivamente, han comparecido en rueda de prensa para informar de que se ha cumplido el plazo establecido por la normativa foral sobre transparencia. Próximamente se irán incorporando las del resto de altos cargos.
Ambas consejeras han manifestado que es "rotundamente falso" que el Gobierno haya incumplido los plazos de publicación de dichas declaraciones. En concreto, ha detallado Ollo, la norma dice que "en el plazo de dos meses desde su toma de posesión y de cese los altos cargos deben presentar la declaraciones patrimoniales".
La ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, establece que los nuevos cargos deberán aportar los datos de sus retribuciones, actividades y bienes en el Registro de Actividades y en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales, para lo que se les concede un plazo de dos meses desde su nombramiento. La publicación de los datos no se ha realizado hasta hoy debido a que el Registro debe revisar y comprobar la información aportada.
Además, en el portal de Gobierno Abierto se incluyen los datos relativos a altos cargos de anteriores legislaturas, han informado, cumpliendo igualmente la ley de Transparencia. Cabe recordar que los altos cargos de los Gobiernos salientes tienen obligación de presentar la citada declaración en el plazo de dos meses desde su cese.
Beaumont ha precisado que el registro, que depende de Función Pública, es "un órgano independiente y su información tiene carácter reservado", hasta "tal punto que el personal que trabaja en el registro, que es el que recibió las declaraciones y que las ha chequeado, tiene el deber de guardar secreto sobre su contenido".
