MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el brigada del Ejército Jorge Bravo, solicitó hoy al Juzgado Togado Militar Territorial de Madrid su puesta en libertad en aplicación del denominado procedimiento de 'habeas corpus' por estimar que su arresto en establecimiento disciplinario militar incumple el criterio marcado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El escrito presentado por el brigada ante el juzgado togado militar, al que tuvo acceso Europa Press, señala que su privación de libertad --permanece arrestado desde el pasado jueves en la base de las FAMET en Colmenar Viejo (Madrid) por unas declaraciones que hizo en rueda de prensa en La Coruña en marzo de 2006-- contraviene la sentencia 'Dacosta Silva contra España' del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el primer apartado del artículo cinco, sobre el derecho a la libertad y a la seguridad, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ese apartado señala que una persona sólo podrá ser privada de su libertad cuando así lo establezca una sentencia judicial.
"No existe reserva alguna para que el contenido del artículo cinco del convenio sea aplicable al Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas", subraya el brigada en su escrito, antes de recordar que la citada sentencia 'Dacosta Silva contra España' dictamino que el arresto disciplinario no tiene "el carácter de una detención legal después de condena por tribunal competente".
El presidente de AUME, que deberá permanecer arrestado hasta el próximo 26 de febrero si no prospera su recurso, asegura posteriormente que su privación de libertad "no es una detención legal", al no ser aplicable la reserva al artículo citado del Convenio Europeo y al haber sido impuesta por "superior jerárquico". "La vulneración del artículo 17, apartado 1 de la Constitución Español es notoria y la afectación de la dignidad de la persona, del artículo 10 de la norma fundamental, manifiesta", subraya.
Finalmente, el brigada Jorge Bravo, que pide ser defendido por el abogado y secretario general de AUME Mariano Casado, recuerda sendos informes de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de noviembre de 2006, y del Abogado del Estado ante el Tribunal Europeo que recomiendan modificar el régimen disciplinario para adaptar sus sanciones al criterio del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
