El presunto caso de espionaje acumula cuatro denuncias por los seguimientos a altos cargos del PP de Madrid

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El frente judicial surgido a raíz del presunto caso de espionaje político que se destapó hace diez días acumula ya cuatro denuncias interpuestas para que la Justicia esclarezca los seguimientos y vigilancias a las que han sido sometidos altos cargos del PP de Madrid en los últimos meses.

La revelación de la supuesta trama ha dado lugar a la apertura de dos investigaciones paralelas. Una de ellas corre a cargo de un juez de Madrid, que aprecia indicios de delito en los seguimientos de los que fue objeto el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González. La otra la dirige la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid para esclarecer las vigilancias realizadas a González, al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero Alfredo Prada.

En los próximos días, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, deberá pronunciarse sobre si remite o no al juez José Sierra las indagaciones realizadas hasta ahora en el marco de las diligencias incoadas a instancias de la denuncia que presentó González a título personal. Enviará las actuaciones si los hechos coinciden con los ya investigados por el magistrado. Si no es así, la Fiscalía podría seguir adelante con sus pesquisas de manera paralela a los tribunales.

Las infracciones penales que se manejan de manera oficial son descubrimiento y revelación de secretos, si bien se podría incluir malversación de causales públicos si se detectara que este grupo de funcionarios que supuestamente dependen de la Dirección de Seguridad de la Consejería de interior actuó a sueldo de la Comunidad al margen de la Ley.

El Gobierno de Esperanza Aguirre abrió la veda judicial el pasado 20 de enero con la presentación de la primera denuncia por los seguimientos parapoliciales a González durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) y Johanesburgo. La interpuso el secretario general del Gobierno regional, Salvador Victoria Bolívar, en nombre del Ejecutivo autonómico. Un día después, el 'número dos' de Aguirre interpuso otra denuncia a título personal ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid por los mismos tipos penales y los mismos hechos.

Éste último escrito judicial motivó la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía que dirige Manuel Moix. A esta investigación se acumuló la denuncia de Cobo y Prada. Así, Moix acordó practicar una serie de diligencias con miras a esclarecer los hechos.

Citó a declarar al periodista Francisco Mercado, quien el pasado viernes aportó los partes de seguimientos a Cobo y Prada, así como un dossier sobre el vicepresidente. Mercado hizo público el caso el pasado 20 de enero al desvelar la existencia de una especie de 'servicio secreto' creado supuestamente por Francisco Granados para elaborar informes sobre tramas que salpicaban a ayuntamientos gobernados por los socialistas, como los casos de Coslada y Ciempozuelos.

En las diligencias acordadas, el fiscal solicitó a Granados que informase sobre si existe algún tipo de relación entre el ex inspector de Policía Marcos Peña, actual jefe del departamento de asesores de Seguridad, y "dicha Consejería, o cualquier otra Consejería u órgano de la Comunidad de Madrid". Además, se le emplazó a enviar "cuanta información tenga" en relación a los seguimientos a González, Cobo y Prada.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Tras recaer la denuncia de la Comunidad sobre el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el juez José Sierra acordó el pasado lunes incoar diligencias previas para investigar el presunto caso de espionaje a González durante sus viajes a Colombia y Johannesburgo. El magistrado tomó esta decisión al apreciar indicios de un delito de revelación de secretos.

Con carácter previo a abrir diligencias, el juez dio un plazo de cinco días a Victoria Bolívar para que explique "el carácter de su intervención" al ser la persona que interpuso la denuncia. Le emplazó a aclarar si lo hizo en nombre de la Comunidad de Madrid o en nombre de la persona agraviada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 201 del Código Penal".

Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que para que la denuncia de Aguirre prospere tiene que ser el afectado, es decir, Ignacio González, o una persona en su nombre el que denuncie los hechos. Por el momento, Victoria Bolívar no ha acudido a clarar este extremo.

Siguiendo el cauce procesal, el juez dio traslado cuando incoó la investigación a la Fiscalía de Madrid para que se pronunciará sobre si remite o no las indagaciones realizadas hasta ahora en su ámbito. El Ministerio Público enviará sus actuaciones, siempre y cuando se basen en los mismos hechos que la denuncia de la Comunidad.

Según las mismas fuentes, el fiscal superior de Madrid todavía no se ha pronunciado al respecto. Por ello, la investigación que dirige Manuel Moix sigue adelante, pudiendo acordar las diligencias que considere oportunas.

PERSONACIÓN DE PSM

Por su parte, los representantes legales del PSM-PSOE presentaron anteayer un escrito de personación para formar parte de la causa como acusación popular. El juez Sierra deberá responder en los próximos días obre si acepta o no su personación. Una vez que se oficialice la personación, el PSM solicitará que la Fiscalía de Madrid remita las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora.

A las cuatro denuncias presentadas hasta ahora se podría sumar la que presente el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, por los seguimientos de los que también habría sido sometido. La cadena SER destapó ayer el contenido de un dossier sobre el patrimonio privado de De Miguel en la compañía.

Aunque no llevarán el caso a los tribunales, el ex tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta también se encuadra en el grupo de personas que han sido espiadas, junto con la diputada regional María del Carmen Rodríguez Flores. Lapuerta denunció ante el presidente del PP, Mariano Rajoy, que sospechaba de que le estaban espiando.