Cree que los responsables policiales no actuaron de mala fe para que Alavedra y Prenafeta fueran grabados esposados y con bolsas de basura
MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional considera que la "exposición ante los medios de comunicación" que sufrieron los nueve detenidos en la primera fase de la 'Operación Pretoria' cuando accedieron esposados a la sede del tribunal, entre los que se encontraban los ex altos cargos de CiU Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, no es merecedora de ningún tipo de sanción para sus responsables, según informaron fuentes jurídicas.
Así consta en el informe de conclusiones de la investigación interna ordenada el pasado 1 de noviembre por el presidente del tribunal, Ángel Juanes, que ha sido archivada sin ningún tipo de castigo para los mandos de la Guardia Civil que supervisaron el traslado desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) ni para los del Cuerpo Nacional de Policía que supervisaron su acceso a la Audiencia.
La investigación, que ha contado con un informe de la Guardia Civil en el que se detallaban las circunstancias en que se produjo el traslado, concluye que ninguno de los responsables policiales actuó de mala fe o de forma intencionada para que las cámaras de televisión recogieran la llegada al tribunal de los detenidos, que estaban esposados y portaban bolsas de basura de color azul marino en la que guardaban sus objetos personales.
No obstante, las citadas fuentes aseguran que después de este episodio, que afectó también al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz (PSC), la Audiencia Nacional ha perfeccionado y mejorado el protocolo de acceso de los detenidos al tribunal, al objeto de evitar que vuelvan a repetirse este tipo de escenas.
ESPOSADOS Y CON BOLSAS DE BASURA
Los hechos se produjeron el pasado 30 de octubre alrededor de las 7.30 horas de la mañana cuando Alavedra, Prenafeta, Muñoz y otros seis detenidos fueron trasladados hasta los calabozos de la Audiencia Nacional antes de declarar ante el juez Baltasar Garzón por su presunta participación en una trama de corrupción urbanística que habría actuado en los municipios barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
Además de los dos ex altos cargos convergentes y el regidor socialista, en la 'operación Pretoria' fueron detenidos el ex diputado del PSC Luis García, 'Luigi', presunto cerebro de la trama; el entonces concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco; el responsable de servicios jurídicos de este municipio, Pasqual Vela; y tres empresarios: el presidente de Proinosa, Josep Singla; el del grupo Espais, Lluís Casamitjana; y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo.
Dos días después de los hechos, Juanes ordenó la apertura de un expediente informativo con el objetivo de "tomar las medidas oportunas a fin de evitar que en el futuro puedan repetirse situaciones similares, tal y como hasta ahora se ha venido actuando en la Audiencia Nacional, sin perjuicio de la naturaleza de los delitos y su gravedad".
En un comunicado, la Audiencia Nacional recordó que tanto en el traslado de los detenidos en la 'operación Pretoria' como en todos aquellos casos investigados por este tribunal, "los jueces de instrucción no tienen competencia sobre las condiciones de su traslado y acceso al edificio hasta que acceden a su despacho para prestar declaración".
