Actualizado 25/04/2020 9:57:30 +00:00 CET

Las propuestas de multa triplican en 40 días de estado de alarma las que se impusieron en todo 2018 con la 'ley mordaza'

Agentes de la Policía Nacional paran a un ciudadano para levantar un acta con propupesta de sanción por incumplir las limitaciones del estado de alarma
Agentes de la Policía Nacional paran a un ciudadano para levantar un acta con propupesta de sanción por incumplir las limitaciones del estado de alarma - POLICÍA NACIONAL

Las sanciones se multiplicarían por más de 50 si se comparan con las 13.400 infracciones por el delito de desobediencia del artículo 36.6

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MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las más de 700.000 propuestas de sanción que han tramitado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por incumplir el estado de alarma decretado contra el coronavirus triplican en 40 días ya el total de infracciones registradas por el Ministerio del Interior en todo 2018, cuando se elevaron a 249.665 actas en aplicación de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.

Las sanciones por incumplir las limitaciones de movimientos se multiplicarían por más de 50 si lo que se compara son las 13.413 multas registradas por el delito de desobediencia del artículo 36.6 en el año 2018.

Según los datos que difunde a diario el Ministerio del Interior, en 40 días con el estado de alarma en vigor se han propuesto 726.397 sanciones contra ciudadanos -en algunos casos reincidentes-- que incumplieron las limitaciones de libertad de circulación establecido en el artículo 7 del real decreto del estado de alarma. Además, se han practicado 6.507 detenciones hasta el 23 de abril.

GOBIERNO Y TÉCNICO DESTACAN EL CUMPLIMIENTO

El Gobierno y los mandos policiales que forman parte del comité técnico de seguimiento del coronavirus destacan en cada comparecencia pública, no obstante, que la gran mayoría de españoles cumplen con las limitaciones de movimientos, anteponiendo la normalidad generalizada a los episodios protagonizados por "insolidarios" o a los delitos comunes.

En todo 2018, el último año con datos consolidados en el Portal de Criminalidad del Ministerio del Interior, se tramitaron 249.665 propuestas de sanción con la 'ley mordaza', una norma que aprobó en 2015 el PP entre fuertes críticas de la oposición y que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha prometido derogar. Este dato incluye el total de infracciones, esto es las de seguridad ciudadana, pero también los hechos relacionados con drogas o con armas y explosivos.

Aunque no disponen de datos exactos porque los expedientes de sanción en aplicación de un determinado artículo de la 'ley mordaza' se tramita desde las delegaciones del Gobierno, fuentes de Interior consultadas por Europa Press han señalado que la mayoría de multas se están tramitando a través del artículo 36.6 de dicha ley, es decir, el que regula dentro de las infracciones graves -con multas de entre 601 y 30.000 euros-- las sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad.

De acuerdo a los datos del Portal de Criminalidad, en todo 2018 se tramitaron 48.922 multas por infracciones de hechos relacionados con la seguridad ciudadana. De estos, 13.413 fueron en aplicación del artículo 36.6. Es decir, de haberse tramitado con este mismo artículo de la 'ley mordaza' las más de 700.000 multas elevadas por todos los cuerpos policiales en España bajo el estado de alarma habría que multiplicar por más de 50 el dato acumulado de todo el año.

Hasta el 23 de abril, las policías locales han elevado más de 281.000 propuestas de sanción por incumplir el estado de alarma. Le siguen la Guardia Civil, con casi 200.000 y la Policía Nacional, con 181.000 multas. Los Mossos d'Esquadra han propuesto más de 53.000 multas y la Ertzaintza, otras 8.500. La Policía Canaria, por su parte, ha tramitado casi 600.

DUDAS EN EL CONGRESO

El pasado jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió en el Congreso la 'ley mordaza' como la idónea en el estado de alarma a pesar de las dudas de la Abogacía General del Estado, que entiende que hace falta una advertencia expresa de un agente.

El Defensor del Pueblo también ha abierto una investigación para comprobar si se dan excesos en la política de multas. Los portavoces de partidos políticos como PNV, ERC o Bildu plantearon esta hipótesis en la Comisión de Interior que se celebró el jueves, augurando además un aluvión de recursos.

Pero Grande-Marlaska defendió la actuación de los policías recordando que el real decreto del estado de alarma lo que le dice al ciudadano es lo siguiente: "Usted solo puede salir para esto". "Si el agente ve a alguien que está en una barbacoa, díganme, ¿qué le dice?", se preguntó para justificar las multas, aunque también dejó entrever que los expedientes administrativos luego abren la posibilidad del recurso.

"No para todas -dijo sobre las actas de los policías-- tiene que haber una propuesta de sanción, olvidémoslo; porque igual el relato de uno de los agentes no es correcto, no lo ha hecho correctamente, o no hay un contenido ahí o cualquier otra circunstancia".

CUADRO ORIENTATIVO DE SANCIONES

Grande-Marlaska prometió hace días que serían "diligentes" para tramitar las propuestas de sanción. Su departamento envió la semana pasada una comunicación a las delegaciones del Gobierno para orientar y graduar la incoación de multas, con un cuadro de supuestos en el que oscilaban castigos entre los 601 y los 10.400 euros. El total de infracciones en 2018 se tradujo en 149 millones de euros, de los que ocho millones derivaron de la aplicación del artículo 36.6.

Según este cuadro, el infractor bajo el estado de alarma puede enfrentarse a una multa por su "actitud inapropiada" de 2.000 euros si hay "menosprecio" al agente o 3.000 euros si hay "intimidación, cuando no constituya infracción penal", ya que al margen de la vía administrativa también cabe recurrir al Código Penal.

Este menosprecio se eleva todavía más, hasta 10.400 euros, en el caso de que el infractor muestre "violencia o amenaza", la misma cantidad que si alguien "organiza o participa en actividades en común, festejos o celebraciones", siempre que haya "nivel de riesgo elevado en virtud del número de personas, circunstancias y proximidad". El desplazamiento no autorizado a segundas residencias, por ejemplo, también puede conllevar multa de 1.500 euros.

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