Recuerda que los tres acusados tomaron "la decisión particular" de no disolver a Sozialista Abertzaleak, tras la ilegalización de Batasuna
VITORIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El PSE-EE ha rechazado, en la reunión de la Mesa del Parlamento vasco, que la Cámara pague 12.000 euros a un asesor jurídico externo para elaborar el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, en la defensa particular del expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y los también exmiembros de la Mesa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, que fueron condenados por no disolver a Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna.
La vicepresidenta segunda del órgano rector, la socialista Blanca Roncal, ha expresado su negativa a que el Parlamento asuma el pago del recurso al TEDH.
El portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, en un comunicado, se ha referido a la factura que se ha presentado este martes, en la reunión de la Mesa, que incluye 4.000 euros como liquidación ya efectuada del "primer abono del servicio de asesoramiento jurídico para elaborar el recurso ante el tribunal de Derechos Humanos".
Se trata del primer pago de tres, que suman hasta 12.000 euros, autorizado por el Letrado Mayor de la Cámara, sobre un contrato que, según el PSE-EE, "ni siquiera había sido comunicado previamente a la Mesa".
Pastor ha recordado que su grupo ya expresó en febrero su oposición a la decisión adoptada por el órgano rector por el que "acuerda que los servicios jurídicos de la Cámara continúen con la defensa" de los condenados por "desoír las órdenes dadas en su día por el Tribunal Supremo".
"Aquella decisión de febrero se adoptó por tres votos a dos, tomando como base un informe del propio Letrado Mayor en el que destaca que los argumentos de defensa coinciden con la jurisprudencia del propio Tribunal de Estrasburgo y constituye el voto particular firmado por cuatro magistrados del Tribunal Constitucional", ha añadido.
DECISIÓN PARTICULAR
El portavoz del grupo socialista ha subrayado que ya dijeron, en su día, "que no se trataba de un asunto del que debieran ocuparse los servicios de la Cámara, porque la condena se basa en una decisión particular que adoptaron los tres afectados".
"Por eso, pueden acudir a Estrasburgo si lo consideran, porque entienden que afecta a sus derechos individuales, pero las instituciones no pueden personarse en ese tribunal", ha indicado.
Asimismo, ha precisado que, "si los propios servicios jurídicos entienden que los fundamentos de defensa están en el voto particular de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional coincidente con la jurisprudencia de Estrasburgo, no se entiende que haya que buscar asesoramiento externo".
Por ello, ha insistido en que "se está sentando un peligroso precedente, por el cual cualquiera que en el ejercicio de su cargo público cometiera una acción que, después, los tribunales pudieran condenar, podría reclamar el apoyo jurídico de la institución correspondiente para acudir a todas las instancias; derecho al recurso al que muchísimos ciudadanos no pueden acceder en defensa de sus derechos más elementales por la aplicación de las tasas judiciales".
