PSE urge al Gobierno vasco a hacer un estudio de amenazados que deseen volver a Euskadi para concretar medidas de apoyo

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE pretende que el Gobierno vasco elabore "lo antes posible" un estudio sobre las personas amenazadas por ETA que tuvieron que abandonar Euskadi y que deseen volver, con el objetivo de consensuar medidas de apoyo en la Ponencia de Víctimas del Parlamento vasco.

Los socialistas han presentado una enmienda a la totalidad a la proposición no de Ley del PP en la que plantea la recuperación del derecho a voto de aquellas personas "que se vieron obligadas a abandonar el País Vasco como consecuencia del terrorismo de ETA".

En el texto del PSE-EE, recogida por Europa Press, la parlamentaria Miren Gallastegui Oyarzábal emplaza al Parlamento vasco a reconocer "la valentía y el coraje cívico de todas las personas que, durante muchos años, han plantado cara a ETA defendiendo la democracia, la pluralidad y la libertad en Euskadi".

Además, insta al Gobierno vasco "a elaborar con rigor y traer" a la Cámara "lo antes posible un estudio sobre las personas que, amenazadas de forma directa por ETA, tuvieron que abandonar Euskadi y desean regresar". Su objetivo es que se consensúen medidas de apoyo a estas personas en la Ponencia de Víctimas.

INICIATIVA DEL PP

En la iniciativa enmendada, el PP recordaba que se podría estar hablando de un colectivo de entre 45.000 y 60.000 damnificados, que incluiría a "supervivientes de atentados o familiares de quienes fueron víctimas" de actos terroristas, a "personas perseguidas o extorsionadas y a denunciantes de acoso o agresiones contra sus domicilios o bienes".

En opinión de los populares, además de facilitarse "el retorno al País Vasco de quienes lo deseen, deben abordarse las consecuencias del abandono forzoso al que se vieron obligados", y recuerdan que supuso "la pérdida de sus derechos políticos, es decir, la pérdida de la condición política de vasco derivada del cambio de residencia y la privación, por tanto, del derecho a voto en el País Vasco".

Por ello, creen que la Justicia debe "impulsar las reformas legales que permitan a quienes contra su voluntad debieron abandonar Euskadi por la presión terrorista, la recuperación de sus derechos políticos, si lo desean, y singularmente del derecho al voto en el País Vasco sin necesidad de fijar nuevamente su residencia en territorio de la Comunidad Autónoma Vasca".

De esta forma, insta al Gobierno vasco a remitir a que, en el plazo de seis meses, plantee sus propuestas "para el reconocimiento del derecho al voto en el País Vasco de las personas, y sus descendientes, en su caso, que se vieron obligados a abandonar la comunidad autónoma por la amenaza directa de ETA, así como los proyectos de Ley necesarios para su materialización".