MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, acusó hoy al presidente del PP, Mariano Rajoy, de mentir cuando dice que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, fue el que impidió la renovación del Tribunal Constitucional en 2008. Silva pide a Rajoy que rectifique para propiciar un acuerdo y que admita que fue él quien impuso a las comunidades gobernadas por su partido a Enrique López y Francisco José Hernando.
Silva, en rueda de prensa en la Cámara Alta, dijo hoy que el "escollo" para la renovación del Tribunal Constitucional son estos dos candidatos propuestos por el PP, López y Hernando, y pidió a Mariano Rajoy que reconozca que se equivocó y que "ha hecho todo lo posible por impedir la renovación".
"Los candidatos del PP han sido el escollo, por lo que tiene que retirar el escollo y dejar que el barco llegue a puerto", afirmó Silva después de acusar al líder del PP, Mariano Rajoy, de "entrometerse" en el proceso imponiendo a las comunidades gobernadas por su partido proponer a los mismos candidatos.
A juicio de la portavoz socialista, esta decisión "incumple el espíritu" de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por lo que ahora le toca al PP "rectificar" y posibilitar el acuerdo. "Rajoy tiene que dar un paso adelante, reconocer que se equivocó dando esta orden, que ha hecho todo lo posible para impedir la renovación y que va a reflexionar y tomar una decisión que permita un acuerdo", defendió.
Además, Silva rechazó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fuese quien no apoyase la renovación en 2008, como ayer acusó Rajoy, y defendió que el Senado es el único responsable del nombramiento de los cuatro magistrados cuyo mandato caducó hace más de dos años. "Zapatero no ha dicho nada ni de forma pública ni privada sobre los dos candidatos propuestos por el PP --argumentó--. Rajoy sí interfirió y Zapatero no, por lo que Rajoy miente".
En este punto, desveló que la Junta de Portavoces del Senado no abordó hoy el asunto pese a que el presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, mantuvo ayer un encuentro con el presidente de la Cámara, Javier Rojo; al que excluyó de responsabilidad y defendió que él "no puede ni debe" abrir el debate sobre los candidatos hasta que exista un acuerdo.
Silva insistió en que es el PP el que debe "dar un paso al frente" para desbloquear la situación, aunque no quiso detallar los mecanismos a través de los cuales, a su juicio, podría hacerse. Así, rechazó calificar de "imposible" el acuerdo sin que los 'populares' retiren los dos nombres propuestos e insistió en que existen otras vías que las de la retirada, aunque todas ellas pasarían por buscar alternativas a López y Hernando.
"Sólo decimos que el PP si quiere renovar el Tribunal Constitucional tiene instrumentos y mecanismos para poder hacer el acuerdo posible --insistió--. Tiene que decir si está dispuesto a hacer todo lo posible para cumplir el espíritu de la ley, tan pronto den un paso adelante se crearán las condiciones necesarias para renovarlo".
RADIOGRAFÍA DE TODOS LOS GRUPOS
La portavoz socialista en la Cámara Alta recordó además que próximamente Montilla tendrá oportunidad de comparecer ante la Comisión General de Comunidades Autónomas y que, además, el Senado acogerá el debate de la proposición de ley que presenten los partidos catalanes para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con el fin de evitar que los magistrados puedan permanecer en el cargo con el mandato caducado.
"Esto permitirá que todos los grupos políticos nos fotografiemos, será una ocasión para hacer una radiografía a cada uno", afirmó tras reconocer que no ha abordado el asunto con su homólogo 'popular', Pío García Escudero, e insistir en que permanece a la espera de que el PP explique "qué piensa hacer".
Respecto a las críticas del PP por la celeridad con la que se está tratando la comparecencia de Montilla cuando hay muchas otras peticiones de reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas pendientes, Silva explicó que el resto de peticiones exigen la comparecencia del Gobierno, mientras que en esta es el propio presidente de la Generalitat el que ha pedido comparecer y no implica al Ejecutivo.
