MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados está dispuesto a negociar con el resto de partidos una nueva redacción del articulado del proyecto de ley de Derechos y Deberes de los militares referente al nuevo Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 0con el objetivo de llevar "hasta el límite de sus posibilidades" las competencias de este órgano de nueva creación.
Según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, para el PSOE éste es el asunto "central" de las negociaciones que se emprenderán en la Cámara Baja desde esta tarde, una vez concluya el plazo de presentación de enmiendas al texto propuesto por el Gobierno.
En concreto, los socialistas buscarán que se asegure la correcta representación de las asociaciones profesionales de militares y que el Consejo tenga "la máxima posibilidad de influir" en las políticas de personal del Ejecutivo, de manera que no haya ninguna mejora que "no pase" por este órgano.
Según la redacción actual, las asociaciones profesionales podrán presentar propuestas o realizar informes en relación con los asuntos competencia del Consejo, materias relacionadas con la condición militar, el ejercicio de los derechos y libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo en las unidades. Sin embargo, no refleja cuál es el recorrido de estos informes.
El Grupo Socialista no ha presentado ninguna enmienda al texto en este sentido, pero está dispuesto a dar su apoyo a una transaccional, presentada por otro grupo, que se acoja a sus planteamientos. El partido del Gobierno ha registrado cinco enmiendas, de carácter técnico, que no afectan a la sustancia del texto.
Como ejemplo, una de ellas, propone eliminar la última disposición adicional del proyecto de ley, que establecía su entrada en vigor el 1 de abril de 2011. Ya que no va a ser "posible", el PSOE propone la entrada en vigor general que recoge el artículo 2.1. del Código Civil, es decir, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La fecha de abril fue fijada por el Ejecutivo al presentar el proyecto de ley en julio del año pasado. Posteriormente, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha reiterado sus intenciones de que la ley vea la luz verde definitiva antes del verano. Sin embargo, algunos grupos políticos dudan ya de que se puedan cumplir estos plazos.