MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha reclamado la dimisión del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, también por la reforma de la administración local aprobada en esta legislatura, porque ha vaciado de competencias los ayuntamientos y convertir sus funciones "en un galimatías".
La diputada socialista Mariví Monteserín, candidata del PSOE a la Alcaldía de Avilés (Asturias), se ha sumado a la reclamación de su partido de que Montoro deje el cargo, en su caso, por la nueva ley local cuyos efectos, ha dicho, el ministro "no midió" porque ha estado dedicado "a sus despachos" y "amnistías".
Cristóbal Montoro ha rechazado que los socialistas hayan cargado contra él en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. "Esto no es un control al Gobierno, es un reproche y además difama, dice que me dedico a mis negocios. Es su estilo, se dedican a arruinar España", ha respondido.
Sobre el fondo del asunto, Mariví Monteserín ha dicho que la reforma es un "ataque sin precedentes" a los ayuntamientos, a los que ha quitado competencias; ha añadido que les ha obligado a "hacer ingeniería administrativa para sortear las trampas de su ley" y poder atender a sus vecinos, cuando son "la institución más cercana y la que más medios pone para amortiguar los efectos de sus políticas", le ha dicho al ministro.
"NO CONVENCE NI A SUS ALCALDES"
"No convence ni a sus alcaldes, es incapaz de presentar el Reglamento que pudiera clarificar algo", ha añadido. "Solo produce exceso de burocracia y pérdida de democracia", ha concluido.
Cristóbal Montoro ha asegurado que con la nueva ley se está "avanzando mucho" para delimitar las competencias entre entidades locales, autonomías y Estado, pero se ha centrado en defender la situación económica de los municipios.
El ministro ha subrayado que la administración local está ahora "saneada" por los mecanismos especiales de financiación aprobados por el Gobierno. Ha destacado el llamado FLA social, que se aplicará a finales de este mes para que los ayuntamientos cobren los convenios por los que prestan servicios que son responsabilidad de las Comunidades.
