Moreno fija junio como fecha límite para cerrar el acuerdo y espera que su homólogo socialista le haga llegar sus propuestas
MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, y el coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, retomarán la próxima semana las negociaciones para negociar medidas conjuntas contra la corrupción en los ayuntamientos que puedan concretarse en un pacto.
Ambos portavoces habían previsto reunirse este mismo lunes pero el temporal de frío y nieve que azotó la península impidió al portavoz socialista poder llegar a Madrid para mantener este encuentro, que se ha aplazado hasta el miércoles 20 de enero.
Así lo explicó Juan Manuel Moreno en una rueda de prensa, donde recordó que todos los partidos tienen en su poder desde hace casi dos meses un paquete de medidas que aprobó el Partido Popular en la XV Intermunicipal celebrada el pasado mes de noviembre Sevilla para mejorar la transparencia en las admnistraciones públicas, sobre todo las contrataciones urbanísticas.
El responsable de Política Autonómica del PP dijo que está a la espera de que el PSOE le envíe un documento con sus propuestas para estudiarlas, tal y como acordaron en el primer encuentro que mantuvieron ambos partido el pasado 17 de diciembre.
El PP ve factible alcanzar el acuerdo. Moreno aseguró hoy que, tras sus conversaciones con Hernando, no cree que haya muchos aspectos en los que haya desacuerdo. El diputado del PP, que quiere agilizar los trabajos para tener en febrero "las ideas más o menos claras", señaló que junio es la fecha que su partido se pone de límite para ver si se puede cerrar este acuerdo.
MEDIDAS PROPUESTAS POR EL PP
Entre las medidas que aprobó el PP en la XV Intermunicipal de Sevilla figuran la de dar más peso técnico que político en las decisiones urbanísticas y vigilar más con quien se contrata. Por ejemplo, una de sus propuestas pasa por "evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el abuso de los contratos menores", algo que se ha producido en el llamado 'caso Gürtel'.
El PP también plantea que se publiquen las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, así como de directivos y personal de confianza de las instituciones. Apuesta además por reducir los gastos de protocolo; limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada de los empleados públicos municipales y regular claramente la separación de lo público y lo privado. En otra iniciativa, aboga por "prohibir la aceptación de cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales".
En el capítulo relativo a la gobernabilidad de las instituciones, el PP exige que se garantice el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo y que "los líderes de todos los partidos asuman el compromiso" de no incluir a ningún tránsfuga en sus listas, una petición que el PP ha venido haciendo desde que 12 ex ediles socialistas desbancaron a su partido del ayuntamiento de Benidorm (Alicante).
Asimismo, proponen que se incorpore al Pacto Antitransfuguismo la prohibición de que los tránsfugas tengan un papel ejecutivo en el gobierno local que surja tras una moción de censura participada o promovida por éstos, así como evitar situaciones en las que determinados cargos electos en prisión provisional sigan ostentando responsabilidades ejecutivas.
Para luchar contra "los comportamientos corruptos", los 'populares' solicitan que se mejore la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas; endurecer las penas por denuncias falsas; e incorporar el compromiso de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados en los delitos de corrupción cometidos por responsables públicos locales.
