MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aludió hoy al juicio del "caso del ácido bórico" que comienza mañana, defendiendo la aplicación de la "doctrina Botín" y confió en que la postura mantenida por la Fiscalía de Madrid, que considera que no hay delito en los hechos investigados, "resulte aprobada" al final de la sentencia.
En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Conde-Pumpido puntualizó que "con posterioridad se ha producido una rectificación de la cual no" puede pronunciarse "porque la sentencia todavía no se ha publicado". "La Fiscalía de Madrid es la que está convencida de que no existe delito alguno, y por lo tanto, no acusa", señaló.
En el denominado "caso del ácido bórico" la Audiencia de Madrid comenzará a juzgar mañana a cuatro altos mandos policiales por la presunta falsificación de un informe que recordaba que la citada sustancia que había sido encontrada en el domicilio de un acusado del 11-M también se halló, hace años, en un piso franco que miembros de ETA tenían en Salamanca.
La defensa de los policías encausados se ampara en la "doctrina Botín", elaborada por el Tribunal Supremo en base al caso de las "cesiones de crédito" del Banco Santander y que impide la apertura de un juicio cuando la única parte que acuse sea la acción popular.
RECHAZA VINCULAR INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA
Preguntado sobre los sectores que relacionan la inmigración con la delincuencia, Conde-Pumpido hizo hincapié en que "no es positivo" establecer esta clase de lazos porque los hechos delictivos se pueden dar tanto por parte de la población inmigrante como por el resto de la ciudadanía. "No establecemos esa vinculación", sentenció.
En esta cuestión, añadió que "ya se está aplicando la posible expatriación de las personas que hayan cometido hechos delictivos" según recoge el Código Penal.
Por otra parte, al ser preguntado acerca de las fiscalías especializadas que ha puesto en marcha desde que tomó posesión del cargo, y entre las que se encuentran las dedicadas al urbanismo, la violencia de género, la siniestralidad laboral o la siniestralidad vial, apuntó que han sido fruto "de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y del nuevo despliegue territorial", que calificó como "más adecuado" para el Estado de las Autonomías.
En concreto, celebró el "efecto positivo" que la fiscalía especializada en siniestralidad laboral ha conseguido al considerar "algunos accidentes" laborales "como hechos delictivos, perseguibles penalmente" y, respecto a la siniestralidad vial, destacó también la disminución de víctimas de accidentes de tráfico.
Por último, expresó sentirse "muy orgulloso" del cargo de fiscal general del Estado a pesar de las "críticas que uno tiene que asumir, y que son razonables desde el punto de vista político o de los medios".
"El cargo de fiscal general del Estado es uno de los más bonitos en la democracia española y a nivel europeo en este momento la Fiscalía española está ejerciendo un poco el liderazgo, porque es de los que tienen dentro de la Unión Europea mayores posibilidades de trabajo, La Constitución permite establecer criterios homogéneos de lucha contra la criminalidad", argumentó.
