Rajoy y los presidentes autonómicos del PP pactan medidas conjuntas frente a la crisis ante la "incapacidad" de Zapatero

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Mariano Rajoy, acordó hoy con los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP la presentación de un documento conjunto de medidas económicas para afrontar la crisis económica ante la "incapacidad" que, a su juicio, ha demostrado el Ejecutivo socialista. A su entender, la solución pasa por austeridad en el gasto público, bajadas de impuestos para las familias y pymes y reformas estructurales.

La financiación autonómica, la convocatoria del Debate sobre el estado de las Autonomías, la Ley de Dependencia o la necesidad de que se compense a las comunidades por la desaparición del Impuesto del Patrimonio fueron otros temas de discusión en el almuerzo que se celebró hoy en la sede nacional del PP.

A este encuentro, que se prolongó más de tres horas, acudieron los presidentes autonómicos de Valencia, Francisco Camps; Madrid, Esperanza Aguirre; Murcia, Ramón Luis Valcárcel; La Rioja, Pedro Sanz; el consejero de Interior y Justicia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, y los vicesecretarios generales de Política Autonómica y Local, Javier Arenas; Organización, Ana Mato; y Comunicación, Esteban González Pons.

APROBAR LAS MEDIDAS EN EL COMITE EJECUTIVO.

Rajoy y los presidentes autonómicos del PP analizaron la evolución de la crisis económica y la situación de las familias y las pequeñas y medianas empresas y coincidieron en denunciar la "incapacidad" del Gobierno para abordar la crisis y para "adoptar soluciones eficaces para evitar el aumento del paro y el deterioro de la situación económica".

Con este propósito, elaborarán un documento con un paquete de medidas que serán aprobadas en la próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. El primer partido de la oposición considera que la solución pasa por la austeridad en el gasto público, una bajada de impuestos para las familias y las pymes y reformas estructurales.

Además, los presidentes autonómicos reclaman la convocatoria urgente del debate en el Senado sobre el Estado de las Autonomías que se debería centrar, a su juicio, en dos temas fundamentales: la situación de las familias y las PYMES y la financiación autonómica.

FINANCIACION AUTONOMICA.

El PP cree que esta convocatoria es especialmente necesaria porque el Gobierno no puede seguir aplazando temas tan importantes como la financiación autonómica y local, que incluyen el Sistema Nacional de Salud, la aplicación real de la Ley de Dependencia, la mejora del sistema educativo o la garantía de la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos básicos con independencia del lugar donde residan.

La financiación autonómica fue otro de los asuntos que se abordó en este encuentro, en el que el PP reiteró su "buena disposición" de cara a la negociación planteada por el Gobierno para formar el sistema, según señala en un comunicado de prensa.

Los presidentes autonómicos manifestaron su preocupación por los recortes de la financiación autonómica que afectan a materias como educación o sanidad. En este sentido, ratificaron el decálogo de San Millán de la Cogolla, firmado en julio de 2008, en el que se recogían los principios que debían inspirar la reforma: generalidad, suficiencia, autonomía, solidaridad y coordinación.

El Partido Popular apuesta por un sistema de vigencia indefinida, plenamente respetuoso con la Constitución y que no implique ninguna subida de impuestos como solución total o parcial al modelo de financiación.

LEY DE DEPENDENCIA.

En la reunión también se analizó el futuro de la Ley de Dependencia, ya que el PP ve "con preocupación" la situación que está generando la aplicación de la ley. A su juicio, hay que adoptar nuevas medidas que consoliden la normativa con el objetivo de fortalecer nuestro sistema de protección social y mejorar la calidad de vida de los mayores y las personas discapacitadas, así como de sus familias. La financiación estatal de la dependencia debe, además, tener carácter prioritario en el nuevo modelo de financiación autonómica.

Con respecto a la sanidad, los presidentes autonómicos denunciaron que el Gobierno haya denegado los anticipos de financiación que suponen unos 3.000 millones de euros. Esta negativa del Ejecutivo pone en evidencia las afirmaciones de Zapatero sobre que la crisis económica nunca afectaría al gasto social.

Finalmente, las comunidades autónomas gobernadas por el PP reclamaron a Zapatero que garantice el pago de las compensaciones por el recorte financiero que supone la práctica desaparición del Impuesto de Patrimonio. Este impuesto supone para las CC.AA. unos 2.000 millones de euros que muchas autonomías han presupuestado como ingresos en el 2009. Si el Gobierno no realiza esta compensación, el gasto social podría verse afectado.